Los presupuestos generales de Asturias para 2018 se dilucidarán en la escuela. Dos partidos de la oposición, PP e Izquierda Unida, supeditan su posible "sí" al proyecto presupuestario a que por fin el Principado disponga de un modelo consensuado para la primera etapa de Infantil, la de los niños menores de tres años. Administrativamente se las conoce con las Escuelas 0 a 3, y políticamente se han convertido en un quebradero de cabeza. Este curso cumplen quince años de existencia.
"Prioridad absoluta para esta legislatura", repite con alguna asiduidad el Consejero de Educación Genaro Alonso. El problema es que el consenso está difícil porque los criterios educativos son muy distintos. En algo coinciden los grupos en la Junta General del Principado: en la necesidad de integrar esa primera etapa de Infantil, que no es de matrícula obligatoria, dentro del sistema educativo asturiano a todos los efectos. O sea, darle carácter universal y gratuito, Y eso cuesta.
El Principado prepara un informe sobre el modelo de gestión del primer ciclo de Infantil. El curso comenzó con una matrícula aproximada de 3.200 niños en escuelas de 38 municipios asturianos. Tiene sentido ubicar en el mapa los centros educativos porque las administraciones locales juegan un papel fundamental en el día a día de las escuelas. Los ayuntamientos ponen las instalaciones, con sus gastos, mientras que el Principado se hace cargo -de facto- de las nóminas de los técnicos educativos, un colectivo peleón compuesto por unas 530 personas que no ha disfrutado hasta la fecha de una remuneración colectiva homogénea en Asturias.
El primer ciclo de Infantil le sale a la Consejería de Educación por unos diez millones de euros por curso, cantidad no desdeñable a pesar de que el nivel de matrícula en Asturias es bajo, en torno a un quince por ciento del total de niños menores de tres años. Es la tasa más modesta entre las comunidades españolas.
Existen en Asturias 68 escuelas infantiles públicas, allí donde hay demanda y donde las administraciones locales se han movido. La integración de esas escuelas en red de la Consejería supondría garantizar su carácter gratuito. Actualmente los padres pagan a tenor de la renta familiar. Para el PP estamos "ante un atraco a los bolsillos de las familias". El desembolso, afirma este grupo parlamentario, puede llegar a suponer unos 3.000 euros por curso. En todo caso es una visión un tanto parcial, porque el contraargumento del Principado es que casi un setenta por ciento de las familias tienen bonificaciones.
De los aproximadamente 3.200 niños que iniciaron el curso 2017-18, más de 2.000 utilizan el servicio de comedor, y unos 2.300 están escolarizados a jornada completa.
La integración en la red no es sencilla, entre otras cosas porque cambiaría el estatus de los cientos de técnicos educadores que podrían pasar a ser personal interino -una de las opciones que se manejan- antes de que Educación convoque oposiciones. La derecha parlamentaria contempla la posibilidad de que se cree una red concertada también para este primer ciclo de Infantil, cuestión que apetece poco a la Consejería y podría suponer un freno al apoyo presupuestario de otras fuerzas parlamentarias asturianas más a la izquierda.
Todo el mundo parece estar de acuerdo en que ese tramo escolar para niños menores de tres años debe ser una etapa educativa y no asistencial. Se esgrimen algunos argumentos de peso, como que las estadísticas generales demuestran que los niños escolarizados antes de los tres años logran mejores resultados académicos en su futura vida escolar.
Buscar una solución que contente a todos se antoja casi imposible, al menos en el actual contexto político. Encontrar alguna fórmula que no disguste del todo puede tener premio para el Gobierno regional: unos presupuestos generales para el próximo año. Que no es poco.
