El anuncio de la injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del ministro Cristóbal Montoro puso los focos hace unas semanas sobre el sinsentido de la denominada "regla de gasto". Esta medida de control presupuestario impide que los entes locales puedan incrementar su gasto por encima del crecimiento, pasado y previsto, del PIB, incluso aunque presenten superávit en sus cuentas y bajo nivel de deuda, como sucede en la mayoría de ayuntamientos, Oviedo y Madrid incluidos.
Esta medida forma parte de la estrategia de los últimos gobiernos para convertir la austeridad fiscal, una política económica que se ha demostrado fallida, en una obligación legal. El primer paso que se dio en ese sentido fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por PSOE y PP en 2011. Un año después, el Gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). En el caso de los ayuntamientos, estas leyes se han concretado en una aplicación de la regla de gasto que impide que puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en otra cosa que no sea la amortización de la deuda, incluso si no la tienen.
Esta sacralización del pago de la deuda por encima de todas las cosas estaba totalmente injustificada. Antes de la crisis, España era uno de los estados de la UE que menor porcentaje de deuda pública tenía (un 35,6% sobre el PIB). El incremento de la misma que se produjo después fue consecuencia de la reducción de los ingresos públicos y el aumento del gasto público debido a la caída de la actividad económica y el incremento del desempleo, así como la carga del rescate bancario. Por otro lado, ni la reforma del artículo 135 ni la aprobación de la LOEPSF explican el descenso de la prima de riesgo, que sólo fue posible gracias al programa de expansión cuantitativa implementado por el Banco Central Europeo.
Además, las condiciones de la regla de gasto en nuestro país son extremadamente duras y arbitrarias si las comparamos con normas similares del resto de la Unión Europea. A pesar de ello, los ayuntamientos han cumplido con ella y con los objetivos de déficit en los últimos años, mientras que el Gobierno la incumple cada año. El diseño y la aplicación por parte de Montoro llevan a un retroceso secular de la inversión pública y responde más a su intención de asfixiar a los ayuntamientos y desmantelar los servicios públicos que al logro de la estabilidad presupuestaria
De hecho, los ayuntamientos han sido los que han permitido cuadrar las cuentas del Estado. Sólo en 2016, lograron un superávit del 0,6% del PIB, mientras que las comunidades autónomas presentaron un déficit del 0,8% y la Administración central un desequilibrio del 2,7%. De este modo, Montoro ha podido esconder su mala gestión frente a la UE detrás de las saneadas cuentas de los ayuntamientos. De hecho, éstos han logrado un nivel de deuda (2,9% del PIB) inferior al límite del 3% que se les asigna en la LOEPSF y acumulan 20.000 millones de euros en efectivo, el mayor saldo de su historia, que está siendo desperdiciado mientras quedan necesidades sin cubrir.
Para hacer frente a este sinsentido presentamos una proposición de ley en la que proponemos la modificación de la regla que demandan los ayuntamientos de todo el país. Nuestra propuesta permitiría que los ayuntamientos que presentan equilibrio o superávit en sus cuentas, que tienen un nivel de endeudamiento controlado y que cumplen con el periodo máximo de pago a los proveedores puedan reinvertir su superávit en garantizar la prestación de servicios públicos de su competencia.
Esto supone que, en la práctica, un ayuntamiento como el de Madrid, con 1.000 millones de euros de superávit podría construir cuarenta escuelas infantiles y treinta centros de mayores, comprar 300 autobuses ecológicos y 500 viviendas para alquiler social, peatonalizar el equivalente a cinco veces la Gran Vía, habilitar más de 200 kilómetros de carril bici y reparar el pavimento de más de 500 calles, todo sin aumentar la deuda. Uno más pequeño, como el de Oviedo, con cuarenta millones de superávit, puede utilizarlo para doblar todas las partidas de inversión social, como las becas comedor, libros de texto?
La proposición de ley fue admitida a trámite en el Congreso gracias a que el Gobierno registró cuatro minutos fuera de plazo el informe de veto que emplea de manera fraudulenta para evitar que se debatan las propuestas de la oposición. Este error permitió que se debatiera y aprobara la toma en consideración de la ley con una mayoría suficiente. Si después de la toma en consideración conseguimos superar las artimañas dilatorias que seguramente utilizará el Gobierno en el periodo de enmiendas y llega a aprobarse, esta proposición de ley será un paso clave para evitar que el Gobierno siga atacando a los ayuntamientos, provocando la degradación de los servicios públicos. Y para comenzar a desmontar el injusto e ineficaz marco legal impuesto por el artículo 135.
