El estadista Robert Schuman, a mediados del siglo pasado, señalaba que "Europa se construirá gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho". El mismo pensamiento inspiraba a Jacques Delors, cuya visión europeísta le hizo merecedor del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 1989.
Este pensamiento constituye uno de los pilares de la Unión, que tiene que ser un motor que garantice las condiciones necesarias para mejorar la salud de todos los europeos. Su materialización exige dar respuesta a una serie de retos: abordar factores como el envejecimiento, mejorar los determinantes sociales de la salud y evitar el incremento de las desigualdades entre regiones; puesto que están generando diferencias significativas en la esperanza de vida.
La salud es un valor y un requisito para alcanzar un desarrollo en libertad. Toda inversión en ella supone prosperidad y cohesión social. Una población sana es más productiva. Urge pues que todos los países aunemos esfuerzos para ganar en eficiencia y en sostenibilidad de nuestros sistemas públicos de protección social, pues son la mejor garantía de un crecimiento económico sustentado en los valores de aquellos insignes estadistas.
Cualquier discurso mercantilista de la sanidad, básicamente, contiene debilidades, casi todas vinculadas a las ideas neoliberales, pues no se conoce estudio riguroso de evaluación de políticas de salud sin conflicto de intereses. Este enfoque carece de evidencias que sostengan tales aseveraciones. Numerosas referencias críticas, auguran que nos llevarían a un sistema de aseguramiento más caro, por la necesidad de las empresas proveedoras con conseguir retornos, en términos de beneficios, a un determinado plazo; lo que justifica su tendencia a recurrir a una reducción en capacidad instalada, número de profesionales o ambas cosas, al primar la cifra de negocio sobre el derecho a la protección de la salud.
Los Gobiernos progresistas de Europa, ante esta política de privatización y recorte de derechos, tienen que emprender un proceso para reformar la sanidad pública planteando claramente cómo modernizar el Sistema: cómo ganar en eficiencia y optimizar los recursos o cómo avanzar en aspectos como el riesgo, los incentivos, los valores del buen gobierno, los códigos de buenas prácticas profesionales, la rendición de cuentas, la participación y la transparencia; aprovechando al máximo el talento existente en la organización, sin alterar su misión, visión y valores y pensando que es posible alcanzar buenos resultados en términos de salud.
La sanidad pública de cualquier país europeo, y la española no es una excepción, necesita alcanzar eficiencia y posteriormente buscar consolidarse en un rango factible de suficiencia financiera; pero asumiendo que se precisan reformas. Se precisa un sector público que sea fuerte, eficiente, bien organizado, innovador, eficaz y austero; el medio más eficaz y seguro conocido para que la ciudadanía alcance mayores niveles de bienestar y cohesión social. Necesitamos que cada euro destinado a sanidad sea utilizado de la mejor manera para poder ofrecer servicios de buena calidad y accesibles a toda la población, y con los mejores resultados en salud.
Partiendo de estas premisas, cada vez es más necesario disponer de un plan de reforma de la Sanidad Pública que sea fruto de la reflexión y del consenso entre los agentes socio-económicos (Tiene que ocupar desde ya un lugar destacado en la agenda de cualquier Gobierno progresista para los próximos años) y necesariamente se tiene que apoyar en tres grandes reformas: las estructuras gestoras, los procesos de funcionamiento y las personas; aprovechando el talento existente en la Organización. También resulta esencial invertir más en promocionar la salud y prevenir la discapacidad para retrasar la dependencia e incorporar la evaluación sistemática del impacto en salud de todas las políticas públicas.
Es crítico reconocer la capacidad de gestión de los profesionales, pero con lealtad a la institución que los acoge, dándoles participación en las decisiones de la Organización y en la formación para buscar el mejor control y el uso más eficiente de los recursos. Hemos de buscar cómo desarrollar la participación profesional en la gestión del Sistema, haciendo un esfuerzo claro para disponer de una regulación transparente que busque indefectiblemente la profesionalización de todas las estructuras. La última tecnología disponible se debe poner a trabajar para mejorar la atención al paciente, reducir los ingresos hospitalarios y mejorar la atención a la comunidad. Comparto de una lectura reciente: "La misión es disponer de una organización con una gran cultura intencional, la cultura del sí".
El ambiente, por tanto, será determinante para poder estimular la renovación, siendo el reto buscar como actualizar a los profesionales en todas estas competencias, pero sobre todo en como añadir valor a la empresa ante un futuro que se define con palabras como volatilidad, incertidumbre o complejidad y un entorno caracterizado por términos como talento, innovación, tecnología y otros muchos términos que se asocian con modernidad.
Será esencial poder compartir estrategias o buscar sinergia con las empresas del sector sanitario y otras entidades para mantener o desarrollar servicios, tecnologías de diagnóstico y tratamiento, a costes globales ajustados. Potenciar, como no, la cooperación, la investigación y la generación de un espacio de equilibrio con todo este sector de servicios, donde los mercados estén al servicio de la sociedad, donde la gestión privada pueda colaborar como se ha hecho siempre en la provisión de un servicio público, reconociendo el liderazgo público en lo que se debe de entender como un derecho de garantía social.
Es necesario reforzar o integrar mejor la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y la red de centros de referencia. Esto tiene que suponer un impulso a la investigación que estudie cómo mejorar la eficiencia interna de los sistemas de salud y qué añade valor y qué no.
Por último, pensando en España, el "Gobierno del Sistema" en su sentido amplio, pasa por ganar en consenso y decisión ejecutiva en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), considerando la complejidad política y territorial, pero entendiendo que es el CISNS quien debe liderar un gran espacio de decisión (A modo de Corporación de Servicios Sanitarios Asociados). Se Tendrá que implantar un sistema de información de calidad o el desarrollo de modelos de evaluación de resultados, centros y servicios (acreditación). Ello permitiría aproximarse a la idea de incentivar al profesional en base a los resultados pero, y sobretodo, buscando la máxima transparencia en la rendición de cuentas.
Pensando en financiación, convendría preguntarnos cuánto sería razonable destinar en los próximos años a financiar la sanidad pública considerando el nivel de renta del país. Tomemos algunas referencias de países desarrollados. EEUU destina un 8,3% de su -alto- PIB a sanidad pública y otro 9,4% a sanidad privada. En la Europa de los 15, la sanidad pública se lleva algo más del 7,5% del PIB. ¿Podríamos asumir una posición de consenso según la cual la financiación sanitaria pública acabase siendo esa media del 7,5% del PIB? La respuesta sería afirmativa siempre que se aceptase la premisa de que paguen todos los que deben hacerlo. España (datos 2016) ingresa 8,3 puntos de PIB menos que el promedio de los países de la Zona euro, que vienen a suponer unos 90.000 millones menos en ingresos, mientras gasta 5,3 puntos de PIB menos, unos 60.000 millones menos de gasto. El Gobierno de España, ese mismo año, destinó a I+D un tercio de lo presupuestado. ¿Seguimos en esa senda?
A mi juicio sería conveniente que la financiación de la sanidad en las CC AA tuviera un carácter cuasi finalista, de tal manera que las comunidades recibieran un gasto per cápita ajustado por factores de corrección como la edad o "el coste efectivo de los servicios para un nivel de calidad por unidad de análisis" que se corresponda con población y dispersión.
Para finalizar, disponemos del mayor arsenal terapéutico y tecnológico que hayamos imaginado nunca, pero tendremos que ser muy cuidadosos al seleccionar lo que realmente aporta valor en una política de eficiencia y de control del gasto público, pensando fundamentalmente en sostenibilidad en el tiempo. No cabe duda de que la OCDE está en lo cierto cuando sostiene que seleccionar objetivos con mayor eficiencia genera ahorros sustanciales al tiempo que se protege a los grupos vulnerables. Trabajemos en esta dirección.
