La voluntaria renuncia de Javier Fernández a tener unos Presupuestos para 2018 tiene múltiples consecuencias que iremos viendo a lo largo del año, de hecho, la Sindicatura de Cuentas ya nos va adelantando algo en estos días. Y todo apunta a que en materia sanitaria los efectos van a ser enormes, además de lamentables.
El gobierno regional, "convencido" de que la Sanidad asturiana va bien, o eso insisten en contarnos desde la Consejería, o no sabe o no quiere ver los problemas que profesionales y pacientes sufren de continuo en los centros sanitarios de la región. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque los problemas que requieran una respuesta distinta a la que el gobierno socialista quiere dar no existen y porque la ideología se impone al interés general.
Insisten en que hay que defender y apoyar la Sanidad Pública desde los criterios y soluciones de la izquierda. Y así nos luce. Gracias a esos criterios, nos encontramos estos días un colapso monumental en los centros de salud y en las urgencias hospitalarias, donde no hay camillas suficientes para todos los enfermos ni sillas para sus acompañantes. Que nadie se engañe, la culpa no la tiene la gripe, que nos acompaña cada año por estas fechas y, por tanto, no debería pillar de sorpresa a las autoridades sanitarias, sino el virus de una gestión socialista ineficaz e ineficiente.
Uno de los axiomas médicos más generalizados afirma que sin un buen diagnóstico no hay tratamiento efectivo posible, salvo la casualidad. Y el gobierno socialista ni hace buenos diagnósticos ni aplica tratamientos adecuados. Prueba de ello es que los servicios sanitarios están colapsados y el gobierno regional no es capaz de contener las listas de espera pese a que haya quienes pretendan quitarle hierro al problema. Por no hablar del uso ineficaz de los recursos presupuestarios, que no sólo lastra la actividad en el HUCA, "buque insignia" de la sanidad pública asturiana, sino que los resta de los demás hospitales, así como de Atención Primaria.
En la propuesta del Partido Popular para los presupuestos de 2018 se incluía un nuevo programa para conciertos sanitarios con la red privada, que tenía una cuantía económica de tres millones y medio de euros. Proponíamos también una dotación presupuestaria para el personal propio del SESPA que, voluntariamente, realizase jornadas especiales, lo que popularmente se conoce como peonadas. Pero la cerrazón ideológica del gobierno y la falta de unos presupuestos mínimamente razonables no invitan al optimismo y todo hace pensar que las soluciones no llegarán este año.
Ni para estos problemas ni tampoco para la falta de personal sanitario tanto en Atención Primaria como Hospitalaria y, sobre todo, en las áreas sanitarias más "periféricas". Las medidas para evitar este problema ya están siendo puestas en práctica, y presupuestadas, en algunas comunidades. En Asturias, no se ha hecho nada más que prolongar el servicio activo de algunos médicos en edad de jubilación. Y es necesario y prioritario hacer algo más. Es por eso que, desde el PP, propusimos y trasladamos con números concretos una serie de incentivos económicos y profesionales, además de medidas complementarias para una adecuada sustitución de personal ante bajas, permisos y vacaciones, y para una mejor organización de las urgencias extra-hospitalarias ante el caos permanente en el que se encuentran.
Y, en medio de este caos, el consejero Francisco del Busto va y pone sobre la mesa la posibilidad de que los pacientes empiecen a recibir facturas de los tratamientos que reciben en la sanidad pública, también conocidas como "facturas en la sombra". Dice que no es una medida coercitiva, sino que obedece a criterios de transparencia. Esperemos que no sea la misma transparencia que echa en falta la Sindicatura de Cuentas en sus informes.
Nos queda la duda de si con este globo sonda lo que están es preparando a los asturianos para un copago sanitario que no se atreven a anunciar a las claras. Parecer, desde luego, lo parece. Estos socialistas que tanto acusaron al PP de querer privatizar la sanidad pública resulta que ya no son capaces de mantener el nivel de gasto generado por su pésima gestión y ahora quieren "concienciar" a los ciudadanos sobre el coste de la asistencia médica que reciben "para que tomen sus decisiones" (según declaraciones públicas del consejero). ¿Decidir el qué? Que nos lo expliquen.
