Después de tres años, concluyó la fase de instrucción en la Audiencia Nacional contra la modificación de la ampliación de El Musel. Resulta curioso el poco eco que este escándalo de corrupción ha tenido en los medios nacionales o regionales, y por ello se hace más pertinente, si cabe, este artículo. Posiblemente sea el caso de corrupción más importante de España en cuanto a daño a las arcas públicas se refiere. Semejante galardón recae en Asturias y en diversos cargos de naturaleza política. 250 millones de euros supuso el modificado de las obras de ampliación, en las que se aprecian irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato: fraude, malversación de fondos públicos, estafa agravada, prevaricación... ¿En qué consiste el "caso Musel"?
La Autoridad Portuaria adjudicó en 2005 a la UTE Dique Torres el contrato de ampliación de El Musel por 500 millones de euros. La piedra para construir la ampliación debía sacarse de la cantera de Aboño, la más cercana, que es propiedad de Hidrocantábrico y de Sato (una de las empresas de la UTE). Para poder utilizar esa cantera, la Autoridad Portuaria y HC habían suscrito un acuerdo de intenciones que no llega a materializarse debido a que iba a construirse una planta de desulfuración. ¿Por qué se llega entonces a ese acuerdo? ¿Quién se beneficia? El titular de la cantera es la empresa Tudela Veguín (propiedad de los Masaveu). Aquí tenemos la primera cuestión extraña y el primer agujero económico. Al tener que acudir a otras canteras, se incrementa el coste de la piedra y de la ampliación. La progresión es geométrica y el coste implica 300 millones de euros más a sumar a los 500 iniciales.
Posteriormente se descubre que la oferta presentada a la Autoridad Portuaria, y por la que se adjudicó la obra, era inconsistente tanto desde el punto de vista del proyecto técnico como en cuanto a los precios. Es decir, solo un mes después de la adjudicación (fecha de las primeras actas), la UTE ya comienza a trabajar en el modificado de sobrecostes, porque sabía de antemano que nunca podría hacer frente a la obra presupuestada. Pero aún hay más. La UTE Dique Torres empezó a facturar a la Autoridad Portuaria por unos precios superiores (para equilibrar el desfase) a los precios de adjudicación. Y lo hizo sin que hubiera modificación alguna del contrato. De hecho, no se aprobó la modificación del contrato hasta febrero de 2010, cuatro años desde que se le comenzaran a pagar indebidamente los nuevos precios al contratista . Durante años se facturaron toneladas de piedra por un precio superior al de adjudicación. Debería haber sido causa de resolución del contrato. No se hizo así.
Y hubo más irregularidades: camiones que no se pesan, desconocimiento sobre el tipo de material que se transportaba, facturas por materiales que no eran piedra sino estériles? Un despropósito absoluto. El 4 de diciembre de 2014, el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN) y la Fiscalía Anticorrupción presentaron de manera separada, aunque simultánea, dos denuncias contra la modificación de la ampliación del puerto de El Musel sobre la base de un informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). En este informe se advirtieron numerosas irregularidades en la adjudicación del contrato a favor de la UTE Dique Torres y las empresas que la integran (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas). Posteriormente también encontró irregularidades el Tribunal de Cuentas. La instrucción sumó hasta 31 investigados entre cargos de las empresas adjudicatarias, de la Autoridad Portuaria de Gijón, de Puertos del Estado, del Ministerio de Fomento, de Tudela Veguín, del Ayuntamiento de Carreño y de la Abogacía del Estado en Asturias. Los principales investigados son el exdirector del puerto de El Musel, José Luis Díaz Rato, y el expresidente de la autoridad portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach. También se investigó un supuesto delito fiscal por los trabajos sin facturar que la UTE Dique Torres hizo para Tudela Veguín, asunto que acabó archivado al prescribir.
Pero todo comenzó con el informe de la OLAF, un organismo independiente de la UE que trabaja en la detección de casos de fraude como en el modificado de El Musel. Además, permite las denuncias anónimas para salvaguardar la seguridad del denunciante. Un organismo de similares características fue elaborado por OCAN y presentado como propuesta de ley por Podemos Asturias en la Junta General. El gobierno asturiano lo rechazó. Luchar contra la corrupción exige de nosotros algo más que meros gestos decorativos. La adjudicación de la ampliación de El Musel se realizó conforme a criterios muy alejados de la igualdad y libre concurrencia que debe presidir un proceso de contratación pública. Todo apunta a que la Autoridad Portuaria estaba más preocupada del lucro de ciertas empresas que de la ejecución adecuada de la obra. La OLAF fue el detonante de la investigación. Como lo sería una Unidad Anticorrupción en Asturias. Un arma de honestidad. Si no queremos que un caso así se repita convienen que nos pongamos a trabajar ya en medidas eficientes y responsables contra la corrupción. Hace falta una apuesta cívica, una respuesta ética.
