Recibimos atónitos las recientes noticias provenientes de Bruselas en relación a la intención de la Comisión Europea de limitar al máximo los fondos de cohesión y las ayudas agrícolas en el marco presupuestario para la Unión 2021-2027. Ambas son políticas tradicionales en la UE y constituyen dos de las actuaciones que encarnan más fielmente el ideal solidario de la construcción europea. Así, los fondos de cohesión nacieron para ser destinados a los Estados miembros cuya renta nacional bruta per cápita era inferior al 90% de la renta media de la Unión, al objeto de reducir las disparidades económicas y promover el desarrollo sostenible. La política de desarrollo rural, por su parte, surgió con la determinación de impulsar el crecimiento de las regiones rurales de los países miembros, que representan la mitad de Europa y alrededor del 20% de su población. Buscaba aumentar el empleo y el nivel de vida de estas zonas.
Aunque esos propósitos encomiables siguen apareciendo entre los objetivos de las políticas de la Unión Europea, tanto los fondos de cohesión como la Política Agraria Común (PAC) han sido confinados, junto a la investigación, entre las partidas damnificadas de la cura de austeridad del próximo presupuesto comunitario. La propuesta incluye mermas de un 5% en los fondos de la PAC y de un 7% en los fondos de cohesión. La rebaja de las ayudas directas del primer pilar no sobrepasará el 3,9%, mientras que las destinadas a las políticas de desarrollo rural disminuirán un 10%. Esto supone para España un desesperante recorte, que superará los 340 millones de euros.
Las cifras reducidas suelen nutrir de argumentos críticos las valoraciones que hacemos los representantes públicos pero, indefectiblemente, terminan manifestándose en toda su crudeza cuando llegan desmenuzadas a los investigadores, a los que habitan en los países con rentas inferiores al 90% de la renta media de la UE o, en el caso que nos ocupa, a quienes viven del campo.
El filósofo alemán Jürgen Habermas advertía en una entrevista publicada hace unas pocas semanas de la escasa empatía que aún muestran los líderes políticos hacia los ciudadanos y ciudadanas de la Unión a la hora de llevar a cabo el proyecto europeo. Esa brecha se abre nítidamente una vez más ahora, cuando, si bien escuchamos un potente coro de voces que advierte de la urgente necesidad de luchar contra los desequilibrios territoriales y el despoblamiento, comprobamos a la vez cómo se desploman los recursos que la UE destina al mundo rural, con una PAC que soslaya las actividades agrícolas y ganaderas que siguen el modelo explotación familiar, que permanece indolente ante el modelo que crea empleo, ante el que es ambientalmente sostenible porque genera productos de la máxima calidad y ante el que más contribuye a la estabilidad de los territorios y a la construcción social. ¿Cómo se pueden llevar a cabo políticas contra el despoblamiento si se minoran los recursos destinados al medio rural?
La atonía a la hora de encarar la batalla demográfica no es exclusiva de la Comisión Europea. ¿Qué futuro nos espera cuando, tal y como comprueban los agricultores y los ganaderos asturianos, el Gobierno central jibariza ejercicio tras ejercicio su apuesta presupuestaria por las políticas en el medio rural? Basta recordar cómo la cofinanciación que el Ministerio de Agricultura y Pesca destina a ese fin se ha visto menguada en los últimos años del 50% al 30%. Es más: en términos reales, el Ministerio no cumple ni con ese porcentaje. En 2017, la diferencia entre las cuantías que este departamento presupuestó y las que luego ejecutó fue del 9%, lo que evidencia aún más la raquítica apuesta del Gobierno central por los territorios rurales.
Este balance debería hacer palidecer al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que además se empeñó en mantener los derechos históricos, renunciando a defender un criterio de concesión de ayudas acopladas a la actividad, permitiendo que se instale un sistema injusto y nada equitativo y desterrando el desarrollo de un sector primario moderno y competitivo. No puede ser que el 20% de los beneficiarios de las ayudas acaparen el 70% de los recursos: se necesita establecer modulaciones o limitar el importe de los pagos que percibe una explotación. Mientras tanto, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sigue olvidada y sin recursos económicos para su aplicación. El fin de los profesionales de cualquier sector es recibir rentas justas a precios competitivos. Quizá haya algunos que no lo crean, pero nuestros agricultores y ganaderos no aspiran a sobrevivir cobrando ayudas eternamente.
El Gobierno de Mariano Rajoy también tendría que haberse dado ya por aludido ante los repetidos llamamientos que desde Asturias hemos realizado a lo largo de los últimos años alertando del riesgo de la renacionalización de la PAC; advirtiendo de que, si se concede más peso a los Estados, aflorarán nuevas desigualdades entre los territorios. La pujanza de cada uno de ellos irá en función del músculo que exhiba cada Gobierno. Frente a esa tesis, defendemos una Europa que no renuncie a alumbrar un modelo agrícola propio.
Desde todas las administraciones debemos avanzar hacia un modelo de agricultura sostenible social, económica y medioambientalmente. Debemos contribuir a eliminar los desequilibrios territoriales y el despoblamiento con propuestas que atajen el vacío demográfico que se viene produciendo en las zonas rurales, y que incidan especialmente en las zonas de montaña. Debemos ser capaces de establecer políticas que contemplen como prioridad el relevo generacional y la potenciación del papel de la mujer en el campo.
La sociedad reclama productos de calidad y diferenciados. Es por eso que la Unión Europea y todas las administraciones están obligadas a mirar con claridad hacia el futuro e integrar en sus políticas los objetivos que la ciudadanía demanda. Sólo así alcanzaremos un modelo productivo justo y sostenible, que aspire a lograr la soberanía alimentaria y a consolidar un mundo rural vivo. Ahí está nuestro reto.
