Uno de los cambios más urgente que precisa España es una actualización y reforma de la Ley de Partidos Políticos que optimice la democracia interna de su funcionamiento y organización, la transparencia y asepsia de su financiación y la apertura, accesibilidad y participación a toda la ciudadanía, una reforma que acabe con la extendida, sistemática, generalizada y normalizada corrupción y que garantice la regeneración constante.
La preconstitucional Ley 54/1978 de Partidos Políticos sirvió primordialmente, para asentar un procedimiento sencillo de constitución en libertad de los partidos políticos, objetivo, por otra parte, no menor en el momento fundacional en que vino a dictarse. Ya en periodo constitucional la norma suprema, lógicamente, supuso un avance artículo 6 establece la exigencia de que los partidos políticos expresen el pluralismo político, concurran a la formación y manifestación de la voluntad popular y sean instrumento fundamental para la participación política.
La vigente Ley 6/2002 de Partidos Políticos en España en un contexto, afortunadamente, de asentamiento democrático aspiró, como correspondía, a convertir éstos en asociaciones políticas cuya finalidad fuese la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder político y también en cuanto los partidos son instrumentos fundamentales de la acción del Estado, en un Estado de Derecho avanzado y exigente como el que disfrutamos, que pone límites y establece garantías y controles frente a cualquier sujeto, por relevante que éste sea en la estructura constitucional.
Y cubrir así la carencia de la legislación a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento democráticos y de una actuación sujeta a la Constitución y a las leyes. Tanto en lo que se refiere al entendimiento de los principios democráticos y valores constitucionales que deben ser respetados en su organización interna o en su actividad externa, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra el régimen democrático de libertades.
Sin embargo, el intento de cumplir con el reclamo adecuado al tiempo presente con el fortalecimiento y la mejora del estatuto jurídico de los partidos políticos y un régimen más perfilado, garantista y completo se ha quedado en una mera pretensión formal porque en la práctica, parafraseando al lamentablemente reciente desaparecido Nelson Mandela, con este modo de organización y funcionamiento de los partidos políticos, "la democracia es una cáscara vacía aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento".
Los datos y el sentir de la ciudadanía así lo corroboran: el segundo principal problema para los españoles, tras el paro, es la corrupción y el fraude, y el cuarto, los políticos en general a muy poca distancia de los problemas económicos, y es que cuando lo que debería ser una solución se considera un problema es que hay que reformarlo porque funciona mal.
La corrupción se ha hecho crónica y afecta, en mayor o menor medida parece que en proporción directa al poder alcanzado, a los principales partidos con casi dos mil procedimientos abiertos en España. Según el Informe Anticorrupción de la Comisión Europea para 2014, un 95 por ciento de los españoles coinciden en que la corrupción está muy extendida en su país de origen. Sólo un 10 por ciento considera que los esfuerzos del Gobierno por combatir la corrupción son eficaces y que hay suficientes condenas como para disuadir a la gente de seguir prácticas de corrupción.
La corrupción crece, debilita la acción de Gobierno en una tesitura crítica, incita la aversión y la falta de credibilidad ciudadana y acaba causando una grave crisis política e institucional que deriva no sólo en un daño irreparable en las cuentas españolas sino en la moral social.
Todo ello, y que los partidos políticos tienen un papel insustituible en todo sistema democrático, evidencia la urgente y necesaria reforma de su marco legal para facilitar su catarsis y converger con otras democracias avanzadas en una apuesta por fomentar alianzas con los movimientos sociales, ser capaces de avanzar en las propuestas de estas organizaciones y mejorar sus mecanismos de democracia interna. Primordial atención se ha de tener en la regeneración constante de sus élites dirigentes y en mantener frente a la sociedad una ejemplar transparencia en sus líneas políticas y en el uso de sus recursos para conseguir ahondar en el desarrollo de la democracia.
Hay que reconvertir, reconducir y controlar a través de mecanismos eficientes de rendición de cuentas el poder voraz de esta casta política ya que los vicios y perversiones son tantos y de tal calibre que ha readaptado el sistema en pro de sus privilegios e intereses frente a la defensa de los intereses generales de los ciudadanos que está hiriendo de muerte el sistema democrático y otorgar "de verdad" a la sociedad la soberanía que le corresponde, donde los representantes de los ciudadanos trabajen para serlo, elegibles cercanos a los ciudadanos, que conozcan bien sus problemas y aporten soluciones, respondiendo ante ellos y no ante su partido o un "comisario político" que es quien tiene el poder de quitarlo o ponerlo en la lista electoral y, por ende, a quien debe guardar pleitesía, seguir sus directrices y, ya no ser el mejor, sino ser lo bastante torpe como para no hacerle sombra.
Al contrario de lo que ocurre ahora por un rechazo mutuo, unos por seguir manteniendo sus prerrogativas e inmunidades y otros por no enfangarse en este sistema denostado, obsceno y de intereses espurios, en política han de estar los ciudadanos "buenos", honrados e independientes con una trayectoria personal, social y profesional contrastada.
El contenido mínimo que debería contener dicha reforma sería: elecciones primarias obligatorias, congresos bianuales abiertos a todos los afiliados y a fecha fija, límite de mandato para los tesoreros y directivos, auditorías e inspecciones externalizadas e independientes de gastos, reunión de los órganos de control de las ejecutivas y parlamentos internos a fecha fija, órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos, voto secreto de los afiliados, expulsión obligatoria de condenados y suspensión cautelar de militancia de imputados en procedimientos de penales, fraude y corrupción; medidas de control efectivas para la designación de cargos públicos e internos, medidas que garanticen la denuncia de delitos cometidos por cargos electos y un eficaz régimen disciplinario frente a la corrupción.
Paralelamente el siguiente paso, por igual de imprescindible y urgente, ha de ser la reforma de la ley electoral que instaure un sistema de democracia directa, con listas abiertas, participativo y proporcional.
