Puede que los calores veraniegos sofoquen los intelectos de nuestros más conspicuos políticos, de todas las bandas y castas, a la hora de distinguir entre la nimiedad y lo importante, pero hay colectivos que desde la sombra silenciosa que les da el injusto trato de pensionistas del montón, se sienten reiteradamente maltratados, considerándose como los últimos de la fila en el ranking de valoración ciudadana.
Una pensión de garantía estatal consiste en recibir, en forma aplazada, parte de lo que anticipadamente se ha pagado durante un periodo, más o menos largo, de soporte actuarial. Pagos que se integran en un fondo común que marca sus propias reglas de distribución y cuantías de las pensiones.
El Pacto de Toledo que un día suscribieron las fuerzas políticas, determina que las pensiones se financiarán, principalmente, por las cotizaciones a la Seguridad Social, teniendo carácter excepcional las aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de origen fiscal.
Es evidente que con tal sistema de dependencia entre cotización y financiación, el fondo de pensiones de la Seguridad Social queda al descubierto ante los altibajos de la economía nacional y dado su carácter de fondo global, aparece como una reserva suceptible, como ya ha ocurrido, de ser utilizada en los desequilibrios de los presupuestos generales.
Todo iba bien mientras se mantenían los ratios virtuosos, 3 a 1 como mínimo, de cotizante por pensionista, pero la crisis que aún colea ha encendido las luces rojas, que ya en Mayo de 2010 habían servido a Rodríguez Zapatero para dar el primer hachazo a las pensiones.
El Gobierno de Rajoy ha lanzado las campanas de su talante proteccionista a los pensionistas , al incluir en los PGE una revaluación de las pensiones del 0,25% para el año 2016. Aplicando el escalón más bajo de una complicada fórmula que realmente es una "mordida"a la capacidad adquisitiva de las prestaciones.
Al grano: Se suben el 0,25% cuando el mismo Gobierno, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, anuncia una inflación del 1,4%, con lo cual las pensiones pierden su poder adquisitivo en más del 1%, y puede ser mayor si la inflación aumenta.
A estas críticas el Gobierno responde que a pesar de que la recaudación por cotizaciones puede llegar en 2016 a los 117.300 millones de euros, la reposición de las reservas, y el pago de las pensiones no contributivas, 25.000 millones de euros, de viudedad, orfandad y familiares, no permiten otras mejoras a menos que se revise el sistema.
En el Congreso ya se ha planteado la necesidad de reformar la estructura actual de las pensiones de la Seguridad Social y que sean los impuestos los principales factores de la financiación de todas pensiones, sin excluir el mantenimiento de las cotizaciones actuales. El debate sobre esta importantísima cuestión debiera abordarse en la próxima legislatura, si para entonces se ha conseguido superar esta etapa de estupidez, en la cual el quehacer político se centra en la nomenclatura urbana, la tauromaquia, la memoria revisionista, audiencias ministeriales y carajales sin sentido.
Los últimos de la fila no puede quedar al margen de las mejoras de la economía nacional, que el Gobierno cifra en cerca del 4% y al mismo tiempo rebajar la capacidad adquisitiva de los 9,3 millones de pensionistas.
