La Constitución es la última línea de defensa que tiene la democracia. Si aquella falla por perversión o traición de los que protege y legitima, o está inerme ante formas de ataques no previstos, hay que recurrir a restablecer su operatividad de manera inmediata, sin salirse de la ley pero también sin melindres hipócratas.
En estas estamos: cómo afrontar el más grave ataque a la Constitución desde aquel lejano 23-F. El nuevo Tejero es Artur Mas con su reto separatista, que el socialista Alfonso Guerra ha calificado de golpe de Estado, con fecha y procedimiento anunciado.
Con reiteración desde los más altos niveles, se ha dicho que nuestro ordenamiento jurídico se aplicaría con todo rigor a quien sobrepasase la legalidad constitucional. Esta misma columna se ha referido, en diversas ocasiones, a la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Pero el sistema defensivo ha revelado graves carencias, puestas de manifiesto con ocasión de exigir el cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal Constitucional, que estas tenían el correspondiente carácter declarativo, pero el Tribunal carecía de competencias ejecutivas. Muy especialmente en las referentes a los actos políticos que son declarados inconstitucionales. Es decir los aprobados por órganos políticos institucionales, bien sean Gobiernos y Parlamentos autonómicos o Plenos de Ayuntamientos.
La laguna legal se ha evidenciado en la escasa aplicación de las sentencias referidas a la enseñanza en castellano, y de la misma resolución que invalidaba el referéndum del 9-N. Es así mismo lamentable que la querella formulada por el Ministerio Fiscal contra Artur Mas siga en trámites y ni siquiera haya sido citado por el magistrado instructor.
La justicia española es muy lenta y el Tribunal Constitucional no es un ejemplo de agilidad procedimental. El Gobierno sería un irresponsable si no pudiendo acudir a la aplicación del artículo 155, a causa de coincidir en tiempo los posibles acuerdos del Parlamento catalán que resulte del 27-S, con la disolución de las Cortes para celebrar las elecciones generales, se cruzase de brazos ante una declaración unilateral de independencia.
Cuentan que a García Margallo, el mejor ministro de Asuntos Exteriores de los últimos tiempos, le preguntó un diputado si el Gobierno iba a mandar los tanques para reprimir la declaración de independencia. La respuesta fue que no hacían falta, que el problema lo resolvería el Tribunal Constitucional y que el Gobierno preparaba un rearme de su autoridad que podría suspender de forma efectiva los graves desafíos del soberanismo.
Ahora, independentistas y sus cómplices se tiran al monte, absurdamente acompañados por toda la oposición liderada por el PSOE, ante esta reacción de urgencia para dejar fuera de juego a Artur Mas, que por otra parte no es improvisación jurídica. La Constitución de Austria determina que el Tribunal Constitucional puede deponer a presidentes regionales por actos políticos inconstitucionales.
El Gobierno ha declarado su propósito de sacar adelante la Ley Orgánica de Reforma del Tribunal Constitucional, frente a la histeria de Pedro Sánchez, quien lo va a tener muy difícil para explicar esta actitud a la opinión pública, que mayoritariamente pide se ponga coto a los desafueros de Artur Mas.
