Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbuja de jabón, si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción", dijo Jovellanos. La táctica de algunos políticos de esconderse tras una pancarta en nombre de los trabajadores o de aquellos otros que pierden más tiempo en trasladar la culpa a los de otra trinchera que en buscar soluciones puede resultar muy populista electoralmente, pero sin duda muy poco rentable a la hora de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Todo ayuda, pero constituye una acción muy poco eficaz cuando además se tiene la tarea de gobernar.
Partimos de la premisa de que España es energéticamente dependiente del exterior, uno de los mayores de la Unión Europea, pues necesitamos importar el 70,5% de la energía que consumimos, según un informe reciente de Eurostat, situándose la media europea en el 53,2%, casi 20 puntos por debajo de los niveles españoles. Además nuestro sistema eléctrico no es el más adecuado como consecuencia de la falta de voluntad política para solucionar dicha situación.
Algunos políticos tienden a la cultura del "parche", a la solución atropellada de última hora, sobre todo si hay una cita electoral próxima, porque casi siempre se gobierna para mantenerse otros cuatro años y no para mejorar las cosas aún a costa de ellos mismos y tal vez eso explique la falta de ideas a la hora de regular un sistema eléctrico serio y con garantía de futuro o lo contrario: acaso explique el porqué unos y otros han diseñado un sistema que impone demasiados peajes a los ciudadanos.
Tras la eliminación en el año 2009, bajo el Gobierno de Zapatero y siendo Ministro de Industria Miguel Sebastián, de las tarifas G4 para industrias electrointensivas -histórica reivindicación de las grandes eléctricas lograda de manera simultánea a cómo se ocupaban los asientos, bien remunerados, de sus consejos de administración por los principales políticos de este país, de derechas o de izquierdas, lo mismo da-, en Asturias Javier Fernández, siendo entonces presidente de la FSA, anunciaba un acuerdo sobre las tarifas eléctricas para los grandes consumidores que, decía, "será inminente", será "satisfactorio" y se situará por debajo de los 40 euros el megavatio/hora. Pues bien, el profeta, como en tantas otras cosas, no acertó: según Eurostat, el precio del megavatio/hora en España para consumidores industriales está en 124 euros, siendo el de Francia 75 euros, el de Alemania 85 euros y el de Italia 108 euros, habiéndose incrementado el precio desde 2003 el 124% en España, frente al 40% de Francia, el 21 % de Alemania y el 31% de Italia.
Nótese que las grandes industrias ubicadas en Asturias, singularmente Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor-Mittal, concentran por sí solas el 49,7% del consumo eléctrico total regional y el 2% del consumo eléctrico total nacional.
Compruébese entonces la desventaja competitiva de nuestras industrias asturianas en relación con las de su entorno europeo cuando además, como el caso de Alcoa, el 40% de los costes de producción se refieren a los consumos energéticos.
En este contexto de quiebra de la competitividad se enmarca la situación de Alcoa en Avilés, siquiera con unos perfiles propios por cuanto tal parece que a esta empresa nunca le vale nada: se queja de las subastas de interrumpibilidad a que se anudan hoy las ayudas a las grandes industrias consumidoras de electricidad, como se quejaba ya en el año 1999, recién comprada Inespal, de las tarifas bonificadas para la alta tensión denominadas G4, olvidándose entre tanta queja de elaborar un plan industrial riguroso que implemente las necesarias medidas de modernización tecnológica para escarnio de los trabajadores y sus familias (más de 600) que desde hace unos años viven con la desazón de no saber lo que ocurrirá con la planta y por extensión con sus puestos de trabajo.
Hace falta, primero, una política industrial basada en la competitividad. Sin costes eléctricos homologables es imposible. Para solucionarlo se requiere peso político, de eso se trata, de contar con líderes capaces de lograr en Europa, España y Asturias, conjugando sin demagogias un escenario a largo, medio y corto plazo, un cambio de la tarifa eléctrica que suponga un precio competitivo, predecible y estable. En Europa, para acelerar el diseño de una Unión de la energía creíble, cerrando el plan Juncker de inversiones en el sector, muy especialmente aquellas que tienen que ver con las necesarias interconexiones entre los Estados pues en un mundo globalizado es un anacronismo vivir en una isla energética.
No podemos renunciar al desarrollo legislativo del sector eléctrico nacional para que de una vez por todas se haga con seriedad y visión de futuro, promoviendo el marco normativo que permita la firma de contratos bilaterales competitivos entre las eléctricas y sus principales consumidores, que aborde decididamente una reducción de costes y eliminación de peajes, que incremente la partida para compensación de costes indirectos por la emisión de dióxido de carbono análoga a los países de nuestro entono, que ofrezca unas subastas de interrumpibilidad con mayor dotación presupuestaria y con un mayor horizonte temporal en pro de la necesaria certeza y predictibilidad para las empresas, que se establezcan unas exenciones al régimen fiscal vigente, concretamente al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
Es necesario igualmente reconocer la singularidad de Asturias, cuyas mayores industrias son consumidoras intensivas de electricidad dentro del escenario nacional, que produce y exporta en y desde su territorio electricidad barata para la industria, pagándola sin embargo muy cara, lo que requerirá soluciones y respuestas concretas. Se puede hacer, claro que se puede hacer; sólo falta capacidad, liderazgo y esfuerzo para defender los intereses de nuestro país, como han logrado los vascos que han conseguido este año para su industria, producto de las negociaciones entre el PP y el PNV, una rebaja de los peajes de su tarifa de entre el 12 y el 15 por ciento, pese al informe contrario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A eso llamamos nosotros, con sana envidia, tener peso político, justamente el que les falta a nuestros dirigentes regionales. En paralelo, desde el Gobierno del Principado, se deben articular ayudas para empresas como Alcoa que liguen procesos de inversión tecnológica con la mejora de la eficiencia energética bajo un compromiso de estabilidad y permanencia, siguiendo caminos ya transitados por esta empresa con el gobierno regional de Québec, en Canadá.
Desde la comarca de Avilés, nosotros, responsables de Foro, junto con nuestros compañeros de Castrillón e Illas, tal y como se lo hemos transmitido personalmente al Comité de empresa, nos ponemos a disposición de los trabajadores, tras la pancarta si hace falta, cómo no, pero también exigiendo de los gobiernos responsables más hechos y menos palabras para que Alcoa no tenga ninguna coartada que avale un futuro incierto, porque el mantenimientode la industria y por ende de los puestos de trabajo para nuestra comarca y para Asturias ha de ser objetivo estratégico; en otras palabras, cuestión de Estado.
