Confieso que la incongruencia me provoca inquietud y desconfianza. Para generar tranquilidad y confianza, las palabras han de ir acompañadas por los actos. Esta idea me ha venido a la cabeza al ver publicada en LA NUEVA ESPAÑA la demanda de suelo industrial que el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio ha efectuado a la Alcaldesa de Avilés. Incluso pedía la colaboración al resto de los ayuntamientos limítrofes de la comarca. "Prioritario y perentorio", han sido las palabras utilizadas para definir esa necesidad, bajo la amenaza de fuga de empresas en el caso de no ser atendida la petición.
No critico en modo alguno esa demanda. Economía y creación de empleo son preocupaciones esenciales en la ciudadanía, y si los empresarios necesitan suelo industrial hemos de entenderlo como sinónimo de recuperación económica y de potencial creación de riqueza. Ya en 2011, no obstante, desde la Cámara de Comercio, se reivindicaba esto mismo y se reclamaba una fecha cierta para el desarrollo, por ejemplo, del polígono de Trasmonte en Trasona.
No he podido dejar de relacionarlo con la liquidación de Sogetesa, llevada a cabo hace apenas unos días en Corvera. Sogetesa era la empresa de gestión del suelo participada en un 62% por capital público, siendo aportado el resto por accionariado privado.
La decisión de disolución/liquidación de esa sociedad, de la que no me cabe duda de que se fundamenta estrictamente en motivos políticos, ha creado cuanto menos desconfianza entre la mayor parte de la oposición de Corvera. La falta de transparencia en la operación y la decisión del alcalde Iván Fernández de exonerar a los empresarios de la obligación de poner un solo euro, siendo asumida toda la deuda por el Ayuntamiento y por ende todos los corveranos, son fundamentos de peso para esta posición.
Sogetesa tenía encomendado el desarrollo del SAPU XIII y el SAPU IV; es decir, el desarrollo de los polígonos de Silvota, Rovés y Trasmonte, único suelo industrial inminente en la comarca. Iván Fernández decidió parar el desarrollo de estos polígonos "dejando sin objeto a la empresa semipública", y siendo ese el argumento para su disolución/liquidación.
La incongruencia, a mi modesto entender, se da en que las empresas Marapyco y Cortés era accionista de Sogetesa, eran parte de ese 38% de accionistas privados y su representante era el actual vicepresidente segundo de la Cámara.
Mi duda es, por qué permitieron la frustración de este desarrollo, aún siendo exonerados de todo pago en la liquidación de Sogetesa si era una necesidad tan "prioritaria y perentoria". Por qué no pidieron entonces una colaboración a las administraciones del resto de la comarca y que se hubiesen beneficiado de ese suelo industrial.
Tal vez la misma institución que ahora demanda ese suelo, y siendo los SAPU XIII y XIV el único suelo industrial inminente de la comarca, hubiese tenido en ese momento que reclamar un esfuerzo conjunto en aras al interés general de creación de empleo e incentivación empresarial de la comarca.
