En marzo de 2009, el Banco de España interviene Caja Castilla-La Mancha. Comienza el rescate bancario español. Desde entonces, más de 100.000 millones de euros se fueron en ayudas públicas a la banca, el 60% procedentes de fondos estatales y el 40%, de fondos europeos. Hasta el momento, hay devueltos menos de 2.500 millones y del resto se espera recuperar una parte en el futuro, pero otra se da por perdida.
Ya saben que, en este país, responsabilidades por la situación a la que se llegó no hubo. Nadie fue juzgado por mala gestión. Una vez que estalló la burbuja, PSOE y PP siguieron el mismo camino y, aunque insistieron en que era el único posible, lo cierto es que se partía de experiencias previas muy diferentes: desde la compra de activos tóxicos de George Bush, el modelo con el que más similitudes tiene el español, a la solución islandesa de caída libre, pasando por el modelo británico de nacionalizaciones exprés o la intervención total de la banca sueca de 1992.
La solución española fue con mucho la más beneficiosa para los fondos especulativos y la economía de casino. La intervención estatal ni siquiera limitó inicialmente las retribuciones millonarias de los directivos de las instituciones financieras intervenidas.
El rescate bancario tuvo su contraparte conocida. El aumento de la deuda pública se convirtió en un lastre financiero y sirvió como argumento para el recorte. El pago de la deuda como prioridad se elevó a la constitución en su primera modificación desde el 78. Mientras el rescate iba haciendo sus paradas en Cajasur, Nova Galicia, Caixa Catalunya o Bankia, cuatro millones de personas perdían su puesto de trabajo, medio millón de familias perdían su vivienda y la sanidad y la educación sufrían el mayor recorte de la historia de la democracia.
Fue en el movimiento 15-M donde primero se planteó una consigna para la época que nos tocaba vivir: rescatemos personas, no bancos. Frente al "plan de rescate bancario" de PSOE y PP, el "plan de rescate ciudadano" que defienden las mareas ciudadanas. Es el cuestionamiento de la lógica del mercado, ésa que no puede dejar caer un banco, pero sí puede dejar caer a millones de personas.
Podemos surge de todos esos movimientos de resistencia y defiende el rescate ciudadano como la prioridad que deben tener las administraciones públicas. El rescate ciudadano es, por tanto, el nombre que se da a las políticas de atención a las personas. Eso incluye el gasto sanitario, el educativo, las pensiones, las prestaciones, los derechos laborales, las ayudas a la vivienda, al pago de la energía, etcétera. Recuperar lo perdido y avanzar cambiando el norte de la política. Seguro que muchos gobiernos locales tienen esta sensibilidad, llámenlo política social o como lo quieran llamar, si no se sienten vinculados al lenguaje de los movimientos. Las habrá más buenas o más malas pero seguro que todas son mejorables. Cuando la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés dice que no hace falta un plan de rescate ciudadano porque "en Avilés eso ya está garantizado", demuestra soberbia o ignorancia. La ignorancia tiene mejor cura que la soberbia. Tal vez tiene una idea equivocada de qué es el rescate ciudadano. Eso o que el equivocado soy yo y, en Avilés, ya no hay necesidad y la política social ya alcanzó la perfección. Va a ser que el gobierno municipal es como Nadia Comaneci, la gimnasta rumana que, con 14 años, consiguió el ejercicio perfecto en una Olimpiada, merecedor de lo imposible: el 10 que ni los marcadores estaban preparados para proyectar.
