Se ha repetido, un año más, la liturgia de la negociación de los TACs (Totales Admisibles de Captura) y cuotas pesqueras en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea.
Se ha repetido, un año más, la liturgia del cierre del acuerdo a altas horas de la madrugada, frente a presiones de todas las partes, con la participación del Parlamento Europeo, la Comisión, los ministros y ministras de pesca, ONGs conservacionistas y lobistas de todo pelaje y condición.
Y, un año más, la Comisión -esos hombres de negro, esos personajes con cara y ojos pero a los que muy pocos conocemos y a los que ninguno hemos elegido para que nos gobiernen- se arroga una decisión que condiciona la actividad pesquera europea para 2016, decisión que afecta a pescadores, comercializadores, conserveras, transportistas, rederas, talleres, suministradores de pertrechos, centros de formación náutico-pesquera, ayuntamientos de poblaciones dependientes de la pesca, hosteleros, trabajadores en activo y jubilados.
Y en esa decisión priman -por encima de todo- los objetivos de la última reforma de la Política Pesquera Comunitaria: la eliminación de los descartes y la explotación de los recursos al nivel de su rendimiento máximo sostenible (RMS).
Compartiendo el sector tales objetivos, cada año le resulta más difícil entender oscilaciones en los TACs que llevan a que un stock -el de rape sur, por ejemplo- suba un 14% de 2014 a 2015, para bajar otro 14% en 2016, tras una propuesta inicial del 19%. O el de merluza sur, que se rebaja un 21,5% tras una recomendación del 60,5%. O el de la bacaladilla, que disminuye un 7% en 2016 tras un crecimiento del 32% entre 2014 y 2015. La traducción fácil de la consecuencia de estas oscilaciones es la de la inseguridad empresarial, la de la dificultad para que las empresas pesqueras planifiquen su actividad; lo que no es poco. Pero la traducción real, mucho más cruda, es la del hundimiento de la actividad pesquera y la de la incertidumbre de miles de familias.
Y, todo ello, a pesar de los informes que este año ha aportado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la repercusión socioeconómica de los recortes en poblaciones dependientes de la pesca como Cedeira, Burela, Viveiro, Vigo, Cudillero, Santoña u Ondarroa, informes elaborados por el Instituto Español de Oceanografía, expertos en economía pesquera de la Universidad de Santiago de Compostela, AZTI o la propia Secretaría General de Pesca del Ministerio.
El sector pesquero español -el más importante de la Unión Europea- no puede seguir al albur de estas negociaciones a uña de caballo en los últimos días de cada año, ni puede depender de decisiones adoptadas, en algunas ocasiones, sin datos sobre el estado de los stocks, ni puede amarrar flotas o cerrar instalaciones pesqueras -lonjas, fábricas de hielo, carros de varada, conserveras?- construidas con dinero público, comunitario en un altísimo porcentaje.
No se puede hipotecar todo lo invertido a costa de la consecución de un RMS que, retrasándolo en el tiempo, puede hacer compatibles la recuperación de los stocks y el mantenimiento de la sostenibilidad económica del sector pesquero y de las poblaciones dependientes de la pesca. Ésta -la de las poblaciones dependientes de la pesca- es la clave. Si no entendemos que estas decisiones afectan, no sólo a los pescadores sino a sus ayuntamientos, a políticos y gestores con competencias en comercio, ordenación del territorio, turismo, cultura, industria, educación y formación profesional?, si no entendemos que estas decisiones nos afectan a todos, no hemos entendido nada.
Por eso, sorprende que, cada año, el sector espere expectante el resultado de las negociaciones como si se tratase del sorteo de la Lotería Nacional, sorteo realizado por contables de visera y manguitos del siglo XIX. Por hombres de negro.
Por eso sorprenden declaraciones -más allá de las del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, traduciendo a euros el discutible éxito de las negociaciones- de gobiernos que, como el vasco, frente a un problema que afecta al conjunto del caladero Cantábrico y Noroeste, reacciona instando al ministerio al reparto de otras especies -como el bocarte o el bonito- "de cara a la organización futura de la flota vasca", planteando la presencia en los órganos decisorios de Europa "para poder defender de forma directa los intereses de la flota vasca" y recordando que "la flota vasca ha sido pionera en la implementación de prácticas respetuosas con la conservación de las especies".
Repartir nuevas especies, con la misma asimetría -sin duda- con la que se ha repartido la caballa, forzando a decenas de embarcaciones a salir de la pesquería.
Como si un arrantzale vasco tuviese más necesidades que un pescador gallego, o uno cántabro o un asturiano. O menos hipotecas o más hijos estudiando.
Como si el Principio de Estabilidad Relativa -contra el que España se enfrenta desde hace décadas porque perpetúa que países con menores flota y consumo de pescado disfruten de mayores cuotas pesqueras- se solucionase trasladándolo al Cantábrico y Noroeste.
Como si no recordasen que la Federación de Cofradías de Guipuzkoa llegó a ser expulsada de la Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico por no respetar los acuerdos sobre cupos de captura de verdel, mientras cántabros, gallegos y asturianos autolimitaban sus desembarcos como mecanismo de conservación del recurso y como estrategia comercial para evitar la caída en los precios de primera venta.
Como si ignorasen que, frente a la "pesca olímpica", a la depredación fulminante de un stock hasta su agotamiento, existen alternativas que permiten un reparto equitativo de las cuotas, evitando la creación de dos categorías de pescadores: los dependientes de sus posibilidades de pesca y los especuladores que comercian usurariamente con lo que les sobra.
Como si no supiesen, en fin, que, en la mar, o tratamos de salvarnos juntos o podemos hundirnos todos.
