Los datos o efectos de la última reforma laboral del Gobierno los podemos resumir, hasta ahora, en los siguientes: aumento del desempleo, incremento de la brecha salarial, destrucción de empleo fijo y aumento de los contratos a tiempo parcial.
Los datos, por tanto, son tajantes: un aumento de la precariedad laboral, consecuencia de la inseguridad, temporalidad y bajos salarios, que parecen reforzar la teoría de que los objetivos no son crear el contexto idóneo para un mercado laboral competitivo y, con ello, lograr la salida de la crisis, sino desequilibrar aún más la balanza de los agentes sociales en favor de los más fuertes. Y demuestran que si estamos saliendo de la crisis, esta salida viene marcada por el empleo precario. Y que se ha aprovechado la crisis para dar una vuelta al mercado de trabajo dando facilidades para que las empresas contraten barato.
Así, uno de los efectos reseñables ha sido un importante incremento de la brecha salarial. El incremento en la retribución de los directivos fue la tónica generalizada en el 2014 y 2015 (años de la recuperación de la macroeconomía española, con el consiguiente repunte de los beneficios empresariales) y ello, con independencia del tamaño de la compañía. Este mismo patrón se repitió entre los miembros de alta dirección empresarial. Sin embargo, la tendencia retributiva para el resto de la plantilla fue la opuesta. Mientras los salarios de los trabajadores caen un 18%, el 43,8% del total de directivos cuentan con cláusulas de blindaje que les garantizan una sustancial indemnización en caso de despido. El resumen de esta divergencia retributiva es el siguiente: los consejeros de las empresas cotizadas en bolsa ganaron de media 8,72 veces más que sus trabajadores, mientras que el desfase salarial entre las plantillas y los altos directivos fue de 13,9 veces. En total, el salario medio de las personas mejor pagadas de las empresas del Ibex-35, en 2014, suponía 104 veces el gasto medio por empleado de esas mismas Compañías.
No existen bases económicas que justifiquen estos sueldos. Cualquier indicador que se utilice va a decir que esa brecha no promueve la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Quizá habría que introducir cláusulas por las cuales, si el consejo se beneficia de la buena evolución de la Compañía, también deberían hacerlo el resto de categorías salariales, aunque probablemente sea difícil establecer cuál debería ser el límite máximo de la brecha salarial. No obstante, si nos fijamos en lo que hacen en otros países, las retribuciones que superen 40 veces el sueldo medio de esa empresa ya estarían en el límite del "escándalo", nadie genera tanto valor como para merecer esos sueldos galácticos, y éstos realmente tienen más que ver con el poder de negociación salarial de los directivos que con el valor añadido que aportan.
Si una compañía quiere reforzar el compromiso de sus empleados, este tipo de mensajes no ayuda mucho porque lo que se transmite es que la contribución de un reducido grupo de personas es infinitamente superior al de la mayoría.
El artículo 35 de la Constitución garantiza el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte del daño que la brecha de la riqueza entraña para el crecimiento y sitúa a España como uno de los países en los que más aumentaron las diferencias salariales, un problema que se ha incrementado durante la crisis económica. La desigualdad entre ricos y pobres en los países avanzados ha alcanzado un nivel récord como consecuencia de la crisis económica, según esta organización, que, como decía, señala un "importante" aumento de la brecha en los ingresos entre los hogares más y menos favorecidos. Sirva como dato relevante el hecho de que el SMI en España se incrementó en 2016 sólo un 1%, es decir 6,6 euros, quedando fijado en 655,2 euros/mes. Frente a los países prósperos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Gran Bretaña) que oscila entre los 1800/1400 euros.
Así, el Consejo de Europa, en su evaluación anual, ha determinado que España no garantiza unos salarios dignos mientras la Organización Internacional del Trabajo recomienda a los países que inviertan en empleos de calidad lo que les hará avanzar rápidamente en el plano económico.
Por otra parte, puesto que la mayoría de los fondos de la Seguridad Social proceden de las rentas del trabajo, la disminución de este tipo de rentas ha afectado a los ingresos a la Seguridad Social. De ahí que medidas redistributivas incrementando las rentas del trabajo desempeñen también un papel clave para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.
Pero, además de aumentar los salarios, hay que aplicar un sistema fiscal más justo. En España, las rentas altas, los grandes patrimonios y las grandes empresas prácticamente no tributan. Si los salarios están bajando tanto es porque las rentas del capital están subiendo permanentemente. Hasta el punto que el mismo Banco Central Europeo informa que los beneficios de las empresas españolas son excesivos, sobre todo en comparación con los salarios.
