El pasado 27 de enero, se presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2015 elaborado por "Transparencia Internacional". Este índice clasifica 168 países según su nivel de corrupción en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados.
El más alto nivel de transparencia lo logra, un año más Dinamarca, mientras que Corea del Norte y Somalia muestran el peor resultado.
Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa, acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta, altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente del gobierno.
Resulta preocupante que España haya sido uno de los países que, junto con Libia, Australia, Brasil y Turquía, ha tenido un mayor descenso en sus posiciones, lo que lleva ocurriendo ya tres años.
Según el propio informe de Transparencia Internacional, las razones de este descenso son complejas; por una parte, los sistemas de control se han mostrado más eficaces y han venido aflorando muy numerosos casos de corrupción; por otra parte, las denuncias de los medios de comunicación y el relevante eco social y atención prestada a los casos ahora aflorados han influido intensamente en la percepción ciudadana, generando un estado general de indignación. También es cierto que la crisis económica ha incrementado el nivel de exigencia social y, aunque la justicia viene cumpliendo su función con cierta eficacia y nivel de resultados, a pesar de su lentitud, se ha generado desde fines de 2009 un muy alto nivel de alarma social. Finalmente, aunque el enfriamiento de la economía, especialmente en el sector urbanístico, permite pensar que los casos de corrupción se han reducido en ese ámbito, la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado y la sensación de impunidad explican bien la percepción social negativa que se mantiene en este índice.
Si las siete encuestas en que se basa el índice indican que España tiene una situación de corrupción alta entre los países del euro (aunque no entre los 168 países en su conjunto) y los expertos se ratifican en sus apreciaciones anteriores y no aportan datos de mejora, es evidente que podemos decir o que los efectos de las medidas tomadas hasta ahora no son aún perceptibles o que los mismos son insuficientes. Los efectos sobre la imagen de España de estos datos son negativos, los efectos sobre posibles inversiones son también dañinos.
El informe de Transparencia Internacional sobre el Sistema de Integridad Nacional de España, denominado "Marco de Integridad Institucional en España: situación actual y recomendaciones", advierte de que los mecanismos de integridad que ya existen no se aplican suficientemente porque instituciones como los órganos de control del gasto público se encuentran bajo presión de los partidos políticos, que priorizan los intereses a corto plazo sobre la reformas a largo plazo.
Transparencia Internacional España ha demandado un marco de acción inmediata, cuyos pilares son los siguientes: una estrategia nacional de lucha contra la corrupción asumida por las Cortes; reglas que obliguen a una mayor transparencia en la financiación y gestión de los fondos por parte de los partidos políticos, una reforma electoral que haga a los partidos políticos más representativos y la despolitización de la elección de los órganos supremos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
En este terreno los compromisos asumidos por el PSOE y Ciudadanos en su pacto incluyendo la obligación de los partidos políticos de:
1º. Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas por los partidos políticos, de los créditos contratados y de los acuerdos de renegociación de deudas con las entidades financieras.
2º. Establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios.
3º. Exigir a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado la presentación, en el momento del nombramiento y del cese, de una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial, con la exigencia de que esté al día en el pago de sus obligaciones fiscales y con la seguridad social.
4º. Proceder al cese de altos cargos, cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso. La misma medida se decretará para concejales y parlamentarios que incurran en las mismas circunstancias.
5º. Fijar un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas, fundaciones o entidades dependientes de ellas.
6º. Prohibir la concesión de indultos en los casos de delitos vinculados a supuestos de corrupción, violencia de género y contra los Derechos Humanos.
Son todas ellas medidas esperanzadoras; sin embargo, se echa de menos que el pacto no alcanzase el compromiso de elaborar un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, como el que el PSOE ya llevaba en su programa electoral con medidas de prevención, control y represión de la corrupción para el sector público y para el sector privado y entre cuyas medidas destacaba el dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80 por ciento de los casos de corrupción. No creo que dicho Plan no fuera aceptado por Ciudadanos, que ha hecho de la corrupción su principal bandera de enganche con la ciudadanía. Basta leer las propuestas contra la corrupción que también proponía en su programa para encontrar una similitud esencial entre sus propuestas y la mayoría de las propuestas en el programa del PSOE.
Precisamente si la encuesta de enero del CIS establecía que la corrupción y el fraude era la preocupación prioritaria de los ciudadanos tras el paro, ese plan debió de ser también un objeto principal del pacto, y un elemento esencial para forzar al PP a su aceptación.
Ojalá todavía estemos a tiempo.
