Lo más probable es que el recurso que presentó el pasado viernes la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) contra el actual modelo comunitario de cupos pesqueros se quede en un brindis al sol o en una pataleta provinciana, pero al menos los pescadores gallegos parecen dispuestos -y de momento son los únicos- a dar guerra y, ya de morir, hacerlo matando. Y que conste que traer a colación la metáfora de la muerte cuando de pesca se trata no es una exageración: el sector lleva una década en la uvi y hay un consenso generalizado en todo el Cantábrico sobre la necesidad de aplicarle un tratamiento de choque para, quizás, devolverle alguna esperanza.
Lo que los pescadores gallegos de cerco pretenden con su recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo es tumbar el criterio de estabilidad relativa, el polémico sistema de reparto de posibilidades de pesca que establece un porcentaje fijo de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para cada estado miembro de la Unión Europea y que afecta a España desde su adhesión a la Comunidad Económica Europa (CEE) en 1986. Es decir, el origen de todos los males de la pesca asturiana, de ser ciertas las quejas reiteradas del sector.
Los gallegos no son los primeros que deciden emproar el controvertido criterio pesquero de estabilidad relativa -que en realidad poca o ninguna estabilidad ha traído y sí muchos agravios, de ahí lo paradójico de su nombre- pues ya hace años lo recurrió el Gobierno de España y como fuimos a Luxemburgo, vinimos. Pero quién sabe, a lo mejor en esta ocasión se le ilumina la bombilla a algún jerarca pesquero de la UE a la vista de los apabullantes datos que, al parecer, han recopilado los servicios jurídicos contratados por Acerga desde 2014 a hoy.
El Gobierno gallego, por si las moscas, dice respaldar la iniciativa de los armadores e incluso la consejera de Mar de la región vecina, Rosa Quintana, ha manifestado hace pocos días la voluntad, previa consulta con el sector, de adherirse al recurso. Las autoridades pesqueras asturianas, mientras, han decidido quedar a la expectativa. Comparten sobradamente los motivos del recurso de los gallegos y, llegado el caso, aceptarían analizar la posibilidad de respaldarlo; pero ni el Gobierno gallego se ha dirigido de forma oficial al asturiano ni el Principado parece por la labor de embarcarse a tontas y a locas en un hipotético frente Cantábrico para librar semejante cruzada.
El principio de estabilidad relativa, que entró en vigor en 1983, supuso para los países comunitarios un reparto de cuotas de pesca de las distintas especies y en los diversos caladeros atendiendo a las capturas de los seis últimos años. Este principio no parece ser muy real, por cuanto países que nunca pescaron determinadas especies poseen unas cuotas muy elevadas; tal sería el caso del Reino Unido, con 6.200 toneladas de merluza en las costas irlandesas, y las 19.500 de rape de Francia en la misma zona. El principio de estabilidad relativa parece, pues, un reparto preventivo de cuotas de pesca entre los países comunitarios ante el inminente ingreso de España en la CE. Y de aquellos polvos, los actuales lodos.
