El compromiso adquirido ayer por Mariví Monteserín de revisar la formulación de los planes locales de empleo es un primer paso, aunque impreciso, en la buena dirección, apenas dos días después de que este diario diera a conocer otra sentencia que obliga al Ayuntamiento de Avilés a hacer un contrato fijo a una beneficiaria del programa. Algo habrá que hacer para acabar de una vez por todas con la inseguridad jurídica que rodea a este asunto y que ha generado importantes perjuicios para las administraciones que, a fuerza de cometer errores, acumulan fallos en contra en los tribunales. Y es que no deja de ser el colmo de los despropósitos que los poderes públicos de una región con la tasa de paro próxima al 20 por ciento no atinen ni siquiera a articular mecanismos para combatir este grave problema dentro del marco normativo, cuando deberían estar especializados en ello. Y peor aún es que lleven varios años intentándolo sin éxito.
