El sistema judicial español es lento, muy lento, de tal modo que ronda la inacción entre los hechos y las resoluciones, pero al final administra justicia. Cinco años han transcurrido desde el comienzo de la instrucción de los falsos ERE de Andalucía hasta que el magistrado Álvaro Martín, nombrado como apoyo de la muy conocida magistrada Alaya, ha hecho público un auto dando cuenta del procesamiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, exministros de Felipe González e incluso Chaves tuvo la categoría de vicepresidente del Gobierno. Un procesamiento extendido a una veintena de exconsejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo a Magdalena Álvarez, que fue ministra con Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del BEI.
La acusación es de fraude continuado y corrupción, imputando a los arriba citados como responsables de diseñar y ejercitar una trama institucional para desviar cerca de mil millones de euros hacia una red clientelar de grupos, empresas, entidades y sindicatos vinculados al partido socialista en el periodo que va de 2002 a 2010.
En algún momento y desde distintos altavoces políticos y mediáticos se ha pretendido banalizar esta evidente y cuantiosa corrupción, disfrazándola de simple descontrol administrativo, de errores burocráticos y en todo caso de un déficit de gestión, cuando la realidad apunta a que los responsables desarrollaron un sistema al servicio de una determinada hegemonía política y no del interés general. El mismo Tribunal Supremo y el magistrado instructor señalan que un dispositivo tan extenso y ramificado no podía funcionar al margen de una Administración responsable.
Más de una vez se ha dicho que el poder corrompe, pero que el poder de mayoría absoluta y prolongado, corrompe absolutamente. Cuanto tanto se predica el cambio, Andalucía es un ejemplo de inmovilismo, regido por los mismos durante tres décadas, de tal forma que se puede hablar de un "régimen andaluz" con escasos resultados positivos. Se palpa una hegemonía partidista mantenida en gran parte por la compra de voluntades a través de generosas derramas de erarios públicos.
Contra la triste escena de sentar en el banquillo a Chaves y Griñán se alzan voces que tratan de exculparlos con el argumento de que ninguno de ellos -del resto de inculpados nadie habla- se ha llevado un euro. Nuestra legislación castiga con penas distintas la apropiación indebida, la malversación y la prevaricación. Todas ellas sancionan la falta de decencia política como es el caso y con la natural reserva de la presunción de inocencia.
Otra parte de la cuestión se refiere a los efectos colaterales que pudiera provocar en las elecciones del próximo 26-J.Naturalmente que impacta en la opinión pública, pero el grado de saturación con la corrupción es tan elevado que no va a ser factor determinante. Para Pedro Sánchez supone revisar su línea de ataque a Rajoy en el debate anunciado, y también Albert Rivera deberá plantearse si continúa dando su apoyo a un Gobierno andaluz salpicado por tanta corrupción.
Está por ver con qué grado de hipocresía responden los que solamente condenan al PP, aplicando su particular deontología según la cual los pecados de la izquierda son veniales y los de la derecha mortales.
