Existe una lógica preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, sin tener en cuenta cómo se realizan las cotizaciones sociales, que según observaremos unas líneas más adelante son extravagantemente "solidarias".
Las cotizaciones sociales en absoluto se realizan con un criterio solidario, pues las aportaciones de los trabajadores son, aproximadamente, el 6,5 por ciento sobre su salario bruto, sin tener en cuenta éste; es decir, un trabajador con un salario bruto (incluyendo prorratas de pagas extras) de 1.500 euros aporta el mismo porcentaje sobre su salario que un trabajador con un salario bruto de 3.000 euros, con lo que el criterio de progresividad que justifica la solidaridad se quiebra.
Como todos sabemos, la mayor parte de las aportaciones sociales corresponden a las aportaciones de la empresa, que aproximadamente son un 33,5 por ciento calculado sobre el salario bruto, sin que dicha aportación sea considerada una retribución en especie, pues dichas aportaciones empresariales son exclusivamente para disfrute del trabajador y su familia. Esta aportación amplía la insolidaridad del sistema de cotizaciones sociales aún más, pues un gasto deducible fiscalmente por la empresa (lo que representa una disminución de la aportación en el Impuesto de Sociedades) beneficia a quienes más cobran; en consecuencia, va en detrimento de quienes menos cobran. Por ello, el criterio de solidaridad queda absolutamente quebrado.
Por otro lado tenemos a los empresarios, que son los únicos que cotizando el 30 por ciento calculadosobre la cotización elegida, aportan el 100 por ciento de las cotizaciones al sistema. siendo el mínimo elegible de 893,10 euros, lo que representa una aportación de 266,14 euros.
Si analizamos los cálculos anteriores, observaremos que los empresarios (tanto de empresas privadas como aquellos que representan el empleo público) aportan al sistema cinco veces más que los trabajadores. Esto se comprueba en tabla adjunta número 1, en la que se resume esta situación de forma explícita y esclarecedora.
Según los datos aportados anteriormente observamos que el empresario autónomo soporta el 100 por ciento de sus cotizaciones, cuando el trabajador por cuenta ajena -público o privado- aporta el 15 por ciento, sin que la aportación empresarial o estatal suponga retribución en especie. Por tanto, al ser lineal la aportación del trabajador cualquiera que sea la base de cotización es insolidaria por definición; y dicha insolidaridad se incrementa al ser, asimismo, lineal la aportación empresarial. Se produce, además, el sarcasmo de que a un empresario, a pesar de aportar más de su bolsillo a la hucha de las pensiones, la pensión que le quedará es tres veces menor, pues con una aportación personal de un empresario de 266,14 euros le queda una pensión de 800 euros al mes y a un trabajador con una aportación personal de 227,50 euros le queda una pensión de 2.400 euros al mes.
La diferencia existente entre las cotizaciones totales de los trabajadores por cuenta ajena y de los empresarios por cuenta propia es de diez puntos; es decir, 40 por ciento corresponde a trabajadores y 30 por ciento a empresarios, Esto se debe a que en el 40 por ciento de los trabajadores están incluidos las prestaciones por desempleo, fondo de garantía salarial, formación etcétera. Prestaciones que soportan los empresarios en su totalidad, excepto la formación y el desempleo, que son financiados en la relación de 6 a 1 por parte de los empresarios.
Sería ilustrativo comentar, aunque dedicaré un próximo artículo al empleo público/privado, que los convenios colectivos de los empleados sanitarios en Asturias son absolutamente dispares en función de que éstos pertenezcan a empresas privadas o públicas, como puede verse en la tabla número 2.
Esas cantidades contenidas en la tabla son mensuales y sin prorratear pagas extras, ni trienios y otros conceptos que trataré en el artículo anunciado empleo público/privado. No puedo entender que unos agentes sociales como son los sindicatos, aprueben y suscriban convenios donde la retribución de trabajadores con la misma cualificación son escandalosamente dispares.
Lamentablemente, este artículo deja claro que en España existen dos clases de españoles, aquellos que viven del Presupuesto y los que no, lo que confirma una gravísima insolidaridad en la vida laboral y en las pensiones.
