La sentencia que obliga al Pleno a votar la creación de una comisión de investigación sobre la privatización del agua, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA hace dos semanas, ha sacudido la vida política avilesina. En primer lugar, porque esta comisión tiene todos los visos de salir adelante pese al rechazo del gobierno de Mariví Monteserín; lo que enturbiará el clima de la Casa Consistorial durante los próximos meses, en medio de la negociación para los presupuestos de 2017 (a nadie se le escapa que la lista de comparecientes, que ya prepara una parte de la izquierda, no será del agrado socialista, independientemente de que los citados acudan o no después a declarar). Y, por otro lado, el fallo ha sido uno de los detonantes de que haya salido a la luz la fractura interna del PP, larvada desde hace casi un año, cuando Carmen Rodríguez Maniega accedió a la presidencia en contra del criterio de la dirección regional en sustitución de Joaquín Aréstegui, que precisamente dimitió por su implicación en el proceso judicial sobre Aquagest. Y es que el inmediato apoyo de Mercedes Fernández a crear la comisión de investigación (que probablemente solicitará la presencia del propio Aréstegui) abrió la caja de los truenos, ya que garantiza su constitución debido a que al menos tres de los seis ediles de la formación seguirán la directriz (lo más probable es que, finalmente, lo hagan los seis). La guerra popular no ha parado desde entonces, como reflejaron las desavenencias en el grupo municipal en torno a las ordenanzas fiscales. Y el miércoles, este periódico dio a conocer que la cúpula autonómica había intervenido financieramente al partido en la ciudad a finales de junio; una operación que ninguna de las dos partes había hecho pública, aunque ya estaba a pie de calle.
Por partes. Conviene en primer lugar analizar la posición del gobierno local en relación a la comisión de investigación. En un pleno celebrado el pasado mes de noviembre, el PSOE impidió que se votara una propuesta conjunta de Somos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Ganemos para poner en marcha este mecanismo. Para ello, se apoyó en dos argumentos. Uno de naturaleza jurídica, al señalar que una corporación local no está capacitada para constituir algo así, según los asesores del Ayuntamiento y a pesar de que otros consistorios, como Oviedo, sí lo han hecho. Y otro más bien táctico. El PSOE presentó una enmienda para que la comisión fuera informativa en vez de investigación, lo que anulaba las comparecencias de cargos políticos. Como esta enmienda se votó en primer lugar y salió adelante, la Alcaldesa adujo entonces que no procedía votar la presentada por los impulsores de la comisión de investigación. El asunto acabó en el juzgado y ahora, sentencia en mano, queda claro que se equivocó.
También es relevante que el PSOE anunciara en un tiempo récord que no recurrirá la decisión del juez y que llevará el asunto a un pleno este mismo mes. Ambas decisiones (no recurrir y convocar el pleno con tanta premura) se tomaron antes de que el PP regional apoyara públicamente la comisión. Cabe preguntarse si hubieran sido las mismas ahora, cuando todo apunta a que finalmente habrá investigación política. Y también si existe algún resquicio normativo que impida la constitución del órgano aunque sea aprobado por el Pleno.
Volviendo al PP, el fallo ha acelerado en realidad un proceso que tarde o temprano tenía que llegar, como la erupción de cualquier volcán activo. El relevo de Rodríguez Maniega por Carlos Rodríguez de la Torre, hombre afín a Mercedes Fernández, al frente de la vicesecretaría autonómica de Política Local ocasionó el primer choque de envergadura el 29 de septiembre, solo unas horas antes de que el juez emitiera la sentencia. La primera actuación de De la Torre en su nuevo cargo fue precisamente enviar una circular a todas las juntas locales para pedir que se apoye la creación de comisiones de investigación o similares allí donde se pidan. Blanco y en botella: se instaba a los populares avilesinos a levantar la mano a favor del "sí" durante el pleno extraordinario, a pesar de que Maniega había emitido en un primer momento un comunicado en sentido contrario. Una semana después, se ha sabido que la cúpula autonómica tomó las riendas de las finanzas locales hace tres meses y medio, lo que ha supuesto un paso más en la escalada de enfrentamientos, con graves acusaciones cruzadas, como la que ayer hizo el vicesecretario de Organización, Luis Venta Cueli, al asegurar que Aréstegui y Maniega gestionaron durante ocho años un plazo fijo oculto, con 15.000 euros, a nombre del partido.
Como telón de fondo del conflicto está la posibilidad de que Mercedes Fernández impulse una gestora, una opción a la que podría recurrir en función de los acontecimientos (en Gijón, tendrá que crear una en el caso de que la Audiencia Provincial ratifique en un par de semanas la anulación del nombramiento de Mariano Marín, lo que podría frenar la avilesina). Y, por supuesto, están también los movimientos que los críticos han empezado a realizar en varios concejos para buscar una alternativa a la presidenta regional de cara al congreso popular, previsto para los primeros meses de 2017.
