La crisis que atraviesa el Conservatorio de Avilés desde hace más de un año, con la anulación judicial del nombramiento de dos directores, merece un análisis algo más profundo que el inevitable rifirrafe político. Dejando al margen la gestión municipal, buena parte de los problemas del centro tienen que ver con un alarmante vacío legal por parte del Principado. El Julián Orbón, al contrario que los conservatorios de Oviedo y de Gijón, no pertenece a la red autonómica, sino que es de titularidad local. Por eso, desde hace tiempo, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una política de personal que parte de su propio convenio, pero que a la vez trata de asemejarse a las normas regionales. Los resultados de esta mezcolanza -a la vista está- han sido nefastos cada vez que alguien ha ido a un Juzgado. Urge, por lo tanto, aclarar de una vez por todas el funcionamiento y organización de esta institución, orgullo de la ciudad, para no tener que lamentar su pérdida.
