El ambiente que se respiraba en España, en los prolegómenos de las elecciones que dieron lugar al advenimiento de la II República, ya hacía presagiar el resurgimiento del anticlericalismo en la vida social y política. En Avilés, ese ambiente de enfrentamiento latente también se percibe y así, el 29 de marzo de 1931, en la iglesia de San Nicolás, tiene lugar una conferencia de un padre jesuita, anunciada como tal en la parroquia y organizada por el Centro de Acción Social Católica de la villa. Sin embargo la conferencia se convierte en un auténtico mitin político, con orientaciones precisas de hacia dónde debería de dirigirse el voto de los católicos en el proceso electoral que estaba en marcha. La reacción desde la mayoría de los partidos fue de fuerte crítica, por usar el púlpito para aleccionar a los fieles.
A comienzos de abril, se extienden intensos rumores por la ciudad de que grupos radicales están organizando acciones para impedir el normal desarrollo en la ciudad de la próxima Semana Santa. Tras la proclamación de la II República, el nuevo régimen aspiraba a amparar la libertad de cultos y a desarrollar un proceso de secularización que permitiera hacer efectiva la separación de Iglesia y Estado. Esa unión había sido uno de los elementos clave en la deslegitimación del régimen monárquico, y los partidos republicanos deseaban marcar distancias creando una red de escuelas laicas, secularizando cementerios y hospitales, introduciendo el divorcio, y haciendo desaparecer o disminuir sustancialmente las órdenes religiosas. El 14 de abril, el Gobierno provisional aprueba un decreto por el que se autorizaba la libertad de cultos. El decreto es publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid. También el 5 de mayo se aprueba un decreto por el que se suprime la representación de la Iglesia en los consejos de Instrucción Pública, el cual supuso que la jerarquía católica ya no podía intervenir en la elaboración de los planes de estudio. Asimismo, el 6 de mayo se promulga un decreto por el que se declara voluntaria la enseñanza religiosa. También se prohibió a los militares la asistencia a los actos religiosos, salvo que fuesen a título personal y se suspenden las festividades de Patronos de Armas y de Cuerpos del Ejército.
A pesar de que el 24 de abril el Nuncio del Vaticano envía un telegrama a todos los obispos por el que les transmite el deseo de la Santa Sede que los representantes de la Iglesia respeten los poderes constituidos y los obedeciesen para así mantener el orden y favorecer el bien común, había un numeroso sector integrista del episcopado que no estaban muy por la labor de aceptar la República y mucho menos aceptar toda esta cascada de normativa que recortaba de forma drástica las prerrogativas eclesiásticas. A la cabeza de este sector estaba el Primado y Arzobispo de Toledo, monseñor Pedro Segura, que ya había expresado su animadversión al régimen republicano incluso antes de ser proclamado, es decir, durante la campaña electoral de Abril. El 1 de mayo, coincidiendo con las manifestaciones del movimiento obrero, el obispo hace pública una pastoral que expresaba un juicio catastrófico de la nueva situación política y daba expresamente las gracias al Rey Alfonso XIII por su labor en la conservación de la fe y la tradición. Esta pastoral fue considerada por los republicanos, en la práctica, como una incitación a los fieles en contra de la República y una auténtica declaración de guerra, lo que les llevó, en general, a la realización de campañas de agitación que atizaban en la ciudadanía el sentimiento anticlerical.
En relación con este ambiente, hay un suceso importante que acontece en Avilés el día 3 de mayo. En ese día tiene lugar la lamentable profanación de la capilla de Santa Apolonia de Villalegre. El templo apareció con la puerta forzada y la imagen de la Virgen tirada en el suelo, con varios y severos desperfectos.
El lunes 11 de mayo salta la noticia de que la Casa de Profeso de los jesuitas en Madrid estaba ardiendo. Ante la inacción del Gobierno Republicano, los revoltosos quemaron más de una decena de edificios de congregaciones religiosas. La gravedad de la situación lleva el Gobierno, al final, a declarar el Estado de Guerra. La presencia de las tropas en la ciudad apaciguó los ánimos de los revoltosos y, al día siguiente, la capital recupera la calma. Aunque las acciones de quema de conventos se habían extendido también a otras ciudades de España las autoridades provinciales y locales actuaron con contundencia y frenaron las agresiones.
Ante las acusaciones de la jerarquía eclesiástica y de las agrupaciones monárquicas de inacción por parte del Gobierno, así como la petición de responsabilidades, el presidente Niceto Alcalá Zamora lanza una alocución en la que se justificó diciendo que había sido la prudencia la que había prevalecido, para evitar así un baño de sangre. Pero los sectores políticos republicanos más radicales fueron más lejos y acusaron a la Iglesia y a los monárquicos de haber orquestado una conspiración en contra de la República.
La tensión entre el Gobierno y la Iglesia iba en aumento y así, el 17 de mayo, es expulsado de España el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao para asistir a una concentración de carlistas y nacionalistas vascos que también se oponían a la República y defendían el clericalismo.
El Gobierno provisional aprueba varias medidas que se encaminan a la separación de la Iglesia y el Estado, entre ellas, la más importante es la libertad de cultos y la libertad de conciencia en la escuela, que tiene lugar el 22 de mayo. También se aprueba una norma por la que se impedía a los religiosos enajenar inmuebles y objetos artísticos o históricos sin permiso del Gobierno.
Estas medidas produjeron la reacción del Nuncio, monseñor Segura, que niega la potestad al Gobierno de legislar sobre estas materias sin respetar el Concordato vigente que provenía del año 1851. El 3 de junio desde Roma, hizo pública una pastoral en la que criticaba duramente estas disposiciones legislativas del Gobierno. Esta pastoral desata, una vez más, las iras del Gobierno Provisional, que solicita formalmente al Vaticano que impida el regreso a España del prelado.
Comienzan entonces a circular por el país intenso rumores de que grupos radicales están organizando ataques para boicotear a las procesiones católicas. Ante esta situación, todas las diócesis salvo las de Andalucía, dan la orden, de cara a las celebraciones del Corpus, de no hacer procesiones por las calles, sino dentro de las propias iglesias. La decisión se toma, fundamentalmente, por razones de seguridad y para evitar cualquier tipo de incidente. En Oviedo se obra de la misma manera, recomendando a las parroquias no hacer procesiones fuera de los templos. Por ello, en Avilés, el arcipreste-párroco de la villa, Andrés Blanco Bolaño, de acuerdo con el alcalde, David Arias, decide seguir las indicaciones del obispado y suspender las procesiones en la vía pública, para pasar a realizar los cultos dentro de las iglesias exclusivamente, noticia que es recogida por la prensa local el 4 de junio
El cardenal Segura, haciendo caso omiso a la petición del Gobierno de que evite regresar a España, vuelve el día 11 de junio, por lo que las autoridades ordenan su detención y decretan seguidamente su expulsión el día 15. La orden se sustancia el día 17, día en el que el cardenal primado abandona el país. La prensa recoge la noticia el 18 de junio y, al día siguiente, se produce en Pamplona una gran concentración para protestar por la expulsión, que va a constituirse en el icono que exhibirán todos los enemigos del nuevo régimen republicano, para mostrar la falta de libertad y la persecución a la que era sometida la Iglesia.
