Los políticos asturianos están sumamente satisfechos de sí mismos porque, tras la reciente y masiva protesta popular contra el impuesto de sucesiones, han hecho el esfuerzo heroico de rebajar el injusto, confiscatorio y abusivo impuesto, estableciendo una exención a los herederos directos de 300.000 euros, con lo que, según ellos, Asturias ya no es un infierno fiscal, sino una comunidad autónoma cercana al séptimo cielo, toda felicidad administrativa, tolerancia, comprensión hacia el ciudadano contribuyente y un sinfín de autoelogios que colman la paciencia de quienes día a día ven subir las trabas administrativas, las continuas dificultades políticas al desarrollo regional (véase el AVE, por ejemplo) y, lo que es aún peor, las continuas subidas de tasas e impuestos que junto con los recortes consabidos, el Principado nos obsequia todos los días, presumiendo de un legalismo benéfico que se corresponde muy mal con la cruda realidad.
Es decir, que con una "propina" han cancelado (o pretendido cancelar) la legítima voluntad de justicia fiscal de los ciudadanos.
El impuesto de sucesiones, declarado ilegal por el Tribunal de la UE goza, sin embargo, de la resistencia a su supresión por quienes lo han creado y no les importa en absoluto la opinión mayoritaria que lo condena, ni menos aún, la desigualdad que supone el hecho de que otras Comunidades Autónomas lo hayan suprimido prácticamente.
Es absurdo que, a los nuevos demócratas, hoy en el poder, que se inspiran en los postulados de la Revolución Francesa (Libertad, Igualdad y Fraternidad) les importe un comino el cumplimiento de tales y tan excelsos principios y no solo en el tema fiscal, sino también en muchos otros aspectos sociales a los que someramente daremos un repaso:
Lenin, en su día, dijo aquellas palabras memorables. "Libertad. ¿Para qué?" y, curiosamente sigue en plena vigencia aquella "boutade", porque si el ciudadano tiene libertad, mediante la iniciativa popular de pedir cambios políticos, mediante la presentación de 500.000 firmas, estos cambios no pueden alcanzar a la legislación fiscal, así que se puede cambiar la Constitución casi de arriba a abajo, pero, mucho cuidado: los impuestos ni tocarlos, con lo que aquello de la libertad se queda en una simple incapacidad de vigilar los propios intereses y, como dice Hayek, en su obra fundamental, "Camino de Servidumbre,": "El control del patrimonio de una persona, es el control de su propia vida".
En cuanto a la Igualdad, es falso que todos los españoles seamos iguales ante la ley. No voy a hablar de aforamientos y dilaciones a los que los políticos recurren para evitar ser juzgados porque son de sobra conocidos, así como las enormes diferencias de que goza la Administración frente al rigor que ella misma ejerce con los administrados, pero sí voy a insistir en que la igualdad es un mito, porque es mucho más barato morirse en Madrid, Galicia o Cantabria, por ejemplo, que en Asturias o en Andalucía. Y no hablemos de la educación, cuyas diferencias regionales, hacen que los escolares de una comunidad autónoma ignoren la geografía de otras comunidades e incluso, en muchos casos, la Historia común de muchos de los territorios de España.
Y finalmente la Fraternidad es otro principio muerto nada más nacer, o incluso antes (un aborto, para decirlo en forma vulgar y tan moderna) porque los odios regionales que se fomentan desde ciertos partidos políticos y que no tienen contestación fuerte, clara y firme desde las instancias superiores del Estado, han convertido a España en un mosaico de lenguas, envidias, rivalidades, así como en un inmenso rosario de desconfianzas y recelos que nos hacen pensar que Caín y Abel estaban mucho mejor avenidos que castellanos, catalanes, gallegos, vascos, madrileños y ¿para qué seguir?...
