La ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y su desarrollo a través del Decreto 91/2004 de 11 de noviembre, ubica a todos los bares fuera de las instalaciones habilitadas para realizar espectáculos públicos y culturales aunque posean licencia de "Música Amplificada", contemplando para ellos exclusivamente la autorización de emitir música grabada hasta un nivel de 90 decibelios.
En definitiva, estos locales pueden emitir música enlatada pero no ofrecer actuaciones en directo que respeten el umbral de sonido establecido. Usted puede estar disfrutando con la actuación de un interprete provisto únicamente de una guitarra y una armónica y a la cuarta canción ver llegar a la policía municipal para suspender el concierto. Nunca llega acompañada del afectado vecino en pijama que denunció telefónicamente, tan solo trunca la actuación e inicia el proceso sancionador al titular del local. Hace tiempo, un amigo músico y yo comentábamos la valentía de todos los hosteleros que programan conciertos, dado que cualquier tipo escondido detrás de un teléfono puede propiciarles una cuantiosa sanción. Porque eso sí, a la hora de recaudar, la Administración demuestra un extraordinaria solvencia, no solo con las sanciones, también lo realiza perfectamente a través de los requisitos de apertura, los acondicionamientos y los impuestos que asfixian a los emprendedores.
¿Qué diferencia hay entre emitir una canción a través de una cadena, un tocadiscos o un ordenador o hacerlo interpretándola en directo, en ambos casos respetando los 90 decibelios? Evidentemente, ninguna. La situación legal en la que se mueven los músicos y los programadores en Asturias respecto a los conciertos en los bares es totalmente marciana. Bastaría tan solo un sencillo retoque en el texto legal para que dejara de serlo, incluyendo en la definición de los bares con licencia de música amplificada tres palabras -"o en vivo"- e incluirlos en el apartado de locales habilitados para espectáculos públicos y culturales.
Sorprendentemente, el gobierno del Asturias no está por la labor de subsanar esta absurda problemática y temo que salvo fuertes movilizaciones o la llegada de una convocatoria electoral, cambie de forma de actuar. Acabando 2015, escuché en un coloquio a Jorge Otero -líder de Stormy Mondays- decir que se habían entrevistado con el grupo socialista de la Junta y que veían bien el cambio de la normativa, pero que fueran a hablar con los demás grupos parlamentarios para lograr un consenso. No me gustó nada el panorama, ya que la respuesta recibida por los músicos fue tan solo una manera escandalosa de inhibirse y no asumir la responsabilidad política. Los músicos no tienen que andar de ventanilla en ventanilla, es quien gobierna el que tiene que trabajar y moverse para sacar legislativamente adelante cualquier petición lógica y razonable de la ciudadanía tal y como es ésta.
"Ni un acorde menos ni un decibelio de más" es el título de una campaña presentada hace pocos días en Oviedo con el apoyo de músicos, hosteleros, Ayuntamiento, Universidad, asociaciones vecinales y un largo etcétera de colectivos. No piden la modificación de los horarios, las normas de seguridad, los aforos y el limite sonoro de 90 dB. Únicamente exigen al Gobierno autonómico que realice el sencillo cambio legislativo que posibilite la música en directo al mismo volumen que la grabada, que sí permite, en los locales para música amplificada.
Pero al día de hoy, siguen pintando bastos para quienes hacen posible una oferta cultural mediante la música en directo y para todos los que como público disfrutamos de ella. Hace unas semanas, el Consejero de Presidencia del Gobierno asturiano respondió en el Pleno de la Junta General del Principado a la diputada Concha Masa que no se suprimirá la vigente prohibición de actuaciones en directo en los bares hasta que no haya un consenso entre todos los sectores afectados. Otro "Poncio Pilato" perfecto para que la absurda situación continúe.
