Con ocasión del debate celebrado el día 15 de junio en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, entre representantes de los partidos políticos Ciudadanos, Popular y Podemos, con el título genérico "Propuestas económicas para el futuro de España" pude extraer tres titulares: "reformas estructurales", "condena de la austeridad" y "politización de la administración". Quisiera en primer lugar agradecer a los numerosos asistentes y a los participantes en el debate por el esfuerzo realizado al exponer sus propuestas en tan escaso tiempo. Quisiera asimismo aclarar que el PSOE excusó su participación al tener el congreso federal en Madrid al siguiente día.
En cuanto a las reformas estructurales, estoy absolutamente de acuerdo. Considero que la primera debe ser una profunda reforma de la administración, de tal manera que para su funcionamiento no precisemos los 3.000.000 de empleos públicos existente ahora. Al inicio de la crisis, existían en España 3.500.000 empleos públicos, obedeciendo la disminución a jubilaciones sin reposición. Sin embargo, el Gobierno actual se compromete a convocar en los próximos tres años 200.000 plazas, fundamentalmente para convertir interinos en funcionarios. Si tenemos en cuenta que en ese periodo se jubilaran 100.000, dentro de tres años tendremos los mismo empleos públicos, es decir 3.000.000.
Al inicio de la crisis, existían en España unos 13.500.000 empleos privados. Durante la crisis se perdieron 3.500.000 de empleos, de los que 3.000.000 fueron empleos privados y 500.000 públicos, que pasaron a ser jubilados con una condiciones muy ventajosas. Como conclusión diré que el sector privado perdió un 25 por ciento de empleo privado, el empleo público cero. El único esfuerzo que sufrió el empleo público fue la pérdida del 5 por ciento de sus salarios (el empleo privado perdió de media un 15 por ciento de su salario) y una paga extra que ya recuperó parcialmente. Sin embargo, 3.000.000 de empleados privados perdieron las catorce pagas. Por lo tanto, la primera reforma estructural que debemos realizar es una flexibilidad idéntica entre empleo público y privado.
Otra reforma estructural imprescindible es la que implica devolver parcialmente diversos servicios sanitarios, de educación, municipales, autonómicos, estatales... al sector privado, pues estos servicios universales pueden ser prestados por entidades privadas con una eficiencia superior. Esta reforma se realizaría en dos legislaturas, aprovechando la jubilación de 1.200.000 empleos públicos en los próximos ocho años. Como justificación diré que un 75 por ciento de los empleados públicos que pueden elegir entre sanidad pública o privada eligen la privada, con cargo al presupuesto nacional. Resulta grotesco que solamente puedan tener la capacidad de elegir dicha sanidad privada quienes sean empleados públicos y que la elección sea financiada por todos, incluidos los que no pueden elegir. No existe ningún indicador para medir la calidad de la sociedad del bienestar que conecte esta como directamente proporcional al número de empleados públicos.
Otra reforma estructural imprescindible es una reforma fiscal inspirada en el artículo 31 de la Constitución, que merece un análisis que desarrollare en un próximo artículo.
En cuanto a condenar la austeridad, solamente tengo que decir que lo condenable es su opuesto el despilfarro.
En cuanto a la politización de la administración, estoy absolutamente de acuerdo. Precisamente esa politización es una de las causas de la ineficiencia del sector público. No tengo ninguna duda de que el empleo público es un poder dentro de la administración que blinda sus muchos privilegios que desarrollaré en próximos artículos.
Todos estamos convencidos de que debemos defender nuestra sociedad del bienestar, porque Europa, representando el 7 por ciento de la población mundial, consume el 50 por ciento de toda la sociedad del bienestar. Hoy más que nunca debemos unir esfuerzos para que nuestros nietos e hijos menores de 15 años puedan disfrutar de una sociedad mejor, pues estamos financiando parcialmente nuestra sociedad del bienestar endeudando a las generaciones futuras.
