Sobre el impuesto de sucesiones se han repetido tanto veces las mismas cosas que ya parecen verdades incuestionables. La idea más extendida es que es un tributo injusto que se paga al heredar el piso familiar y que mucha gente renuncia a la herencia para no pagarlo o fija su residencia en paraísos fiscales interiores.
Gracias a la prensa, conocimos dramas de contribuyentes a los que una herencia había arruinado. El más mediático fue el de una octogenaria de Siero convertida en icono del movimiento anti-impuesto. Esta mujer sostenía que el Principado le había robado lo que le pertenecía por derecho. Un hermano le legó 300.000 euros y tuvo que pagar 80.000. Sin embargo, nada recaudó la Hacienda asturiana porque vivía en Venezuela y en estos casos no se aplica la normativa autonómica. La residencia que determina dónde se paga la herencia es la del difunto, no la del heredero. Es más, si su hermano hubiese vivido en Madrid, tributaría una cantidad parecida porque la bonificación madrileña del 99 por ciento beneficia sólo a padres, hijos y cónyuges.
La tesis de que el incremento de los desistimientos se debe al impuesto tiene importantes lagunas. Contradice esta idea el que el aumento de las renuncias haya seguido un camino inverso al de la carga fiscal. En 2007, cuando sólo el tres por ciento de herencias se rechazaba, el tipo efectivo era más alto. Lo que cambió desde 2007 es que España sufrió una profunda crisis inmobiliaria en un contexto de elevado endeudamiento privado. La mayor parte de los legados están formados por inmuebles que han perdido valor y sobre los que pesan hipotecas que en muchas ocasiones superan el precio de mercado. Renunciar a la herencia es renunciar a la deuda.
Respecto a si es impuesto de pobres o de ricos, pues que cada uno se forme su opinión con los datos objetivos. La vivienda habitual incorpora a la base del impuesto un máximo del cinco por ciento de su valor y las bases que no alcanzan cierto umbral no tributan. Es decir, que, salvo excepciones, los patrimonios personales de hasta dos viviendas y unos pequeños ahorros no pagan nada. De hecho, entre 2012 y 2015, en Asturias sólo uno de cada 30 herederos directos tributó por el impuesto.
En lo que parece que hubo más acuerdo fue en la necesidad de corregir el llamado error de salto que provocaba que por un céntimo adicional al umbral de bonificación se tributase por toda la base. Por 150.000 no se pagaba nada y por 150.000,01 euros se pagaban más de 20.000 euros. Se corrigió el salto cambiando el umbral por una reducción en la base de 300.000 euros. La corrección hubiese mejorado la progresividad del impuesto sin reducir los ingresos fiscales si además se hubiesen aumentado los tipos efectivos en la zona alta, incluso se podía haber rebajado la carga a los herederos indirectos. No fue así y esto provocará que el número de herederos directos que paguen el impuesto se reduzca a la cuarta parte y que además la cuota media caiga sustancialmente. Antes de la reforma pactada por PSOE y PP, el impuesto recaudaba unos 120 millones de euros. Para que se hagan una idea, lo mismo que nos cuestan las residencias públicas de mayores. Para el año que viene la recaudación se reducirá unos 30 millones, el coste del Servicio de Emergencias o el de Educación Especial. No hay que ser economista para ver la consecuencia: o se contrarresta presionando por otra parte o se reduce el gasto público.
El movimiento anti-impuesto ha conseguido movilizar a amplias capas de la sociedad y se plantea no parar hasta que consiga la derogación. Hablan ya de nuevos objetivos como el impuesto de patrimonio o la plusvalía municipal. Las grandes fortunas están entusiasmadas. Han conseguido que otras personas defiendan sus intereses, que gente humilde a la que no afecta el impuesto piense lo contrario y olvide que la pelea contra los ingresos fiscales es, indirectamente, una pelea contra sus propios derechos. Margaret Thatcher se reiría en nuestra cara.
