El territorio del viejo concejo avilesino, integrado por la villa de Avilés y las jurisdicciones de Illas y Castrillón, había venido funcionando como tal al menos desde la concesión del Alfoz por Fernando IV en 1309. Así se conservó hasta la Revolución Liberal, que afectó a la reordenación territorial de los Concejos y los antiguos reinos a partir de 1833.
La división del territorio avilesino en tres municipios, que tiene lugar en 1835 o 1836, es coincidente con la nueva organización territorial de todo el Estado, es decir, con la aparición de las diputaciones provinciales y a la eliminación de las Juntas Generales y Cortes de los viejos Reinos. El Real Decreto de 21 de septiembre de 1835 había ordenado el establecimiento de las diputaciones en todas las provincias, redefinidas tras la división de 1833. El desmantelamiento del Antiguo Régimen llegaba así al ámbito provincial. Sin embargo, las nuevas diputaciones establecidas en 1835 nacieron sin atribuciones políticas ni administrativas y subordinadas a la nueva figura del gobernador civil, un delegado del Gobierno central. Por tanto, eran meros órganos asesores de dicho Gobernador. Pero a lo anterior debe añadirse que se les negó también el carácter representativo, que sí habían tenido las viejas Cortes y, en el caso de Asturias, sus Juntas Generales. En nuestro territorio sería el 31 de octubre de 1835 cuando se firma la última acta de sesiones de las Juntas Generales y Diputaciones del Principado.
Aunque en Asturias no hubo excesiva resistencia a este cambio tan sustancial, sí que se alzaron voces que expresaron su disconformidad. No obstante, esta profunda remodelación de la estructura y distribución territorial y de la arquitectura institucional no fue, a nivel general de la Nación, algo que se aceptase de forma pacífica, sino que significó el inicio de confrontaciones armadas entre los promotores de estas transformaciones, los liberales o "negros", en el poder desde la muerte de Fernando VII en 1833, y los tradicionalistas o carlistas, también conocidos como "blancos" que habían sido desplazados del mismo y que defendían los derechos territoriales recogidos en las instituciones del Antiguo Régimen. En definitiva, significó el inicio de una Guerra Civil que duraría más de 70 años y que en Avilés y su comarca se dejó sentir desde esos años de 1835 y 1836 como ya indicamos.
Otro aspecto de este terremoto liberal que conmocionó la sociedad española, tras la muerte en 1833 del rey Fernando VII fueron las desamortizaciones. Consistieron las mismas en la expropiación forzosa por parte del Estado, de bienes muebles e inmuebles que se encontraban en poder de lo que se denominó, en aquellos momentos, "manos muertas".
Esos bienes, que no se podían enajenar por estar vinculados, eran propiedad de la Iglesia, de las órdenes religiosas, de personas particulares y también los baldíos o tierras comunales pertenecientes a los concejos. Los bienes se requisaban y se vendían después en pública subasta. En definitiva, fue una apropiación por parte del Estado, por decisión unilateral suya, de bines particulares, para luego vender los mismos y asignar su importe a la amortización de títulos de la deuda que el propio Estado había emitido. Era una forma de financiarse el nuevo Estado Liberal, sobre la base de la rapiña de bienes propiedad de otras instituciones o particulares. La desamortización fue utilizada por los liberales, como arma política, para modificar el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen. Es una pieza más, usada para implantar el nuevo Estado Liberal, cosa que se comienza a concretar en 1833, tras la muerte del Rey Fernando VII y la proclamación de la Regencia de su viuda, María Cristina.
En Avilés la desamortización afectó a tres conventos: el de los mercedarios de Sabugo, al de los franciscanos de Galiana y las monjas bernardas cistercienses ubicadas dentro de la almendra medieval, si bien en este último caso la expulsión definitiva del convento se retrasó casi 30 años. El 1 de julio de 1835 se promulga una Orden General de rentas provinciales, gravando con altos impuestos los bienes eclesiásticos. El 25 de julio se suprimen oficialmente y por Decreto los conventos y será el 11 de octubre de ese mismo año cuando se ordene por el mismo procedimiento la exclaustración general. En Avilés se procederá a cumplir esa orden en los primeros meses de 1836. El 9 de marzo un Real Decreto concretaba el número mínimo de religiosos que debía de tener un convento (una veintena) para poder hacer efectiva la exclaustración.
Los franciscanos recibirán la orden de exclaustración en ese mes de marzo. Sabemos que el día 21 los frailes ya habían sido expulsados del convento avilesino y sus bienes confiscados, porque el Ayuntamiento de Avilés recoge los caudales existentes del Arbitrio de Obras Públicas y sitios del Muelle en el arca de cuatro llaves existente en el Convento de San Francisco, llevándola a la Casa Consistorial; y lo que hace para dar seguridad a lo recaudado, ante la ausencia en el convento de los frailes que lo custodiaban. La exclaustración significó la confiscación por parte del Estado de todos los bienes muebles e inmuebles del convento. Los frailes exclaustrados se van a casa de sus familiares o son recibidos como adscritos en las distintas parroquias. Ya hemos contado como, con la entrada en la ciudad de los Carlistas en 1836, el fraile José Vega, va corriendo al convento y hace un repique general de campanas para expresar su alegría. Sin embargo poco le duró la alegría al fraile, con la entrada en la villa el ejército liberal, tras la huida de los carlistas. La antigua iglesia franciscana y parte del claustro conventual se conservan y dan acogida a la parroquia de San Nicolás, que se trasladó a la nueva sede en 1868, tras adquirir el municipio el edificio al Estado. El pago se hizo con cargo a fondos municipales y a las aportaciones de muchos avilesinos
La misma suerte de exclaustración de frailes y confiscación de bienes corrió el convento de la Merced de Sabugo. En este caso tenemos el dato del número de frailes que fueron exclaustrados, que nos aporta la espléndida investigación de don Ángel Garralda recogida en el libro "Avilés su fe y sus obras". En total fueron exclaustrados diecinueve frailes mercedarios. Los bienes de este monasterio fueron, como los del convento franciscano, requisados y malvendidos, y los inmuebles pasaron a propiedad del Estado; tanto los que tenían en Avilés, como los de su anterior ubicación en Raíces. Del edificio conventual no quedó rastro alguno, y en su solar se edificó la nueva iglesia parroquial de Sabugo
El tercer convento importante de la villa, el de las monjas bernardas, es testigo de la expoliación y expulsión que se hace a franciscanos y mercedarios, pero no será hasta noviembre de 1868, tras la revuelta de septiembre que derrocó a Isabel II, cuando van a recibir la orden de exclaustración y abandonan Avilés. Sin embargo las señales eran ya, desde los años del Trienio Liberal (1820-23), muy alarmantes. En 1821 los liberales ordenan derribar las murallas de Avilés y la Abadesa de la Orden avilesina se queja al Ayuntamiento de que se ha procedido a la demolición del arco de la calle de San Bernardo sin darle al convento la más mínima noticia y que parece se sigue derribando la muralla. Estas obras, realizadas sin permiso ni notificación de la superiora del convento, ponían en peligro la propia la propia estructura del edificio monacal.
Sin embargo, la protesta no surtió efecto y las obras continuaron sin que la institución municipal hiciese caso de la carta de la abadesa. Ya con el proceso desamortizador de Mendizábal en marcha, el 26 de marzo de 1836, las monjas cistercienses envían un escrito al Ayuntamiento, por el que solicitan a la Corporación que se dirija a la Reina y le transmita su deseo de permanecer en Avilés, puesto que el número de monjas del convento no llegaba a las 20 personas exigidas del Decreto del 9 de Marzo. También argumentaron que no existía ningún convento de esta orden religiosa en Asturias y que la mayoría de las monjas eran muy viejas, muchas estaban enfermas, y no tenían familiares en quien pudieran ampararse si se las expulsaba del convento.
Su petición causó efecto porque su expulsión se retrasó treinta años. Fue en mayo de 1866 cuando celebraron las monjas bernardas su última misa en el convento avilesino. De éste convento no quedó en Avilés más rastro que el nombre de la calle de San Bernardo, en donde se ubicaba el edificio monacal, y el pozo del claustro que se conserva en el patio interior de un conocido café.
Pero con la desamortización no solo se resintió gravemente nuestro patrimonio material, sino también el inmaterial, especialmente la labor docente que se realizaba desde los conventos y, especialmente, la educación y formación musical, que había conformado el carácter de los avilesinos durante siglos.
Las concesiones mineras a corporaciones, que se asientan en el territorio gracias a la nueva Ley de Minas promulgada en 1825, es otro aspecto del puzle que trataremos en el próximo episodio. Así sucedió y así se lo he contado a ustedes, y también lo dejo anotado, en mi "Diario de a Bordo".
