En la próxima entrevista que mantendrán Mariano Rajoy y Teresa May, en Londres, para tratar temas de interés común relacionados con el Brexit, el presidente del Gobierno pudiera felicitar a su colega británica por la iniciativa del British Council que acaba de recomendar a los ciudadanos del Reino Unido que estudien idiomas, "preferentemente español" si quieren mejorar su futuro comercial y diplomático.
Contrasta este nuevo reconocimiento foráneo al español con el arrinconamiento que practican los nacionalistas a través de sus programas de inmersión lingüística, en las áreas de educación y cultura. El mal comenzó en 1979, al plasmarse en el Estatuto el catalán como lengua propia de Cataluña, cuando el 53% de sus ciudadanos declaraban como lengua materna el castellano. Era una sociedad bilingüe desde siempre.
El ejemplo catalán fue seguido por los nacionalismos excluyentes, en un proceso que se llama "linguocracia", la utilización política de la lengua en una maniobra torticera de un aprovechamiento interesado de toda la actividad social. Ahora mismo, se sanciona por rotular en castellano, hablarlo en los recreos o utilizarlo como primera opción en una dependencia. Al mismo tiempo que se discrimina por no hablar la lengua cooficial.
La situación actual es de escándalo en el campo educativo. En Cataluña, todas las asignaturas son en catalán y es la única lengua vehicular. El castellano tiene la consideración de lengua extranjera. Situación similar se da en Baleares a pesar de sentencias en contra. En Euskadi, casi el 70% del alumnado estudia en euskera. En Galicia, solo la mitad de las asignaturas se dan en castellano y en la Comunidad de Valencia se extiende abusivamente la implantación del catalán. Al igual que está imponiendo el euskera en Navarra.
Lo lamentable de toda esta inmersión a costa del español, que es la segunda lengua mundial tras el inglés y que proporciona mil ventajas, no responde a una exigencia social generalizada, sino al empeño de determinados grupos políticos que utilizan la lengua como elemento disociador. Parece incomprensible que un partido que se dice de clase, el PSOE al menos lo fue, apoye las discriminaciones por la lengua que ya afectan al mundo laboral en todos los niveles. Que se lo expliquen a los médicos o profesores o incluso a quienes optan por una plaza de barrendero en Bilbao.
No existe país alguno, excepto España, que niegue a los padres el derecho a que sus hijos sean escolarizados en la lengua oficial común. En este tema, a pesar de lo señalado en el artículo 3 de la Constitución, el Estado ha sido tan incauto que lo ha dejado todo en manos de los gobiernos autonómicos, y algunos han procedido y continúan, con manifiesta deslealtad constitucional.
La lengua es un componente esencial del capital humano y social de una comunidad, estimándose que un 15% del PIB está vinculado a la lengua. Por eso, al menos, convendría reflexionar si no ha llegado el momento de reconducir la disgregadora política lingüística y tratar la cuestión como prioritaria, como auténtica política de Estado. La Comisión para la reforma constitucional no puede obviar el problema.
