El Ministerio de Empleo ha dado cuenta del balance positivo de la política laboral, en materia de creación de empleo, incorporación a la Seguridad Social e índice de parados. Según su información, el objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados al finalizar la legislatura y tener un ratio del 11% de parados parece una meta alcanzable y dejar a un lado las altas tasas de desempleo que constituyen el punto más débil de nuestra sociedad democrática.
A pesar de los positivos resultados recientes, se sigue debatiendo en las fuerzas sociales sobre la forma de combatir el desempleo y distribuir el trabajo. Se vienen proponiendo y utilizando diferentes recetas, muchas veces de signo opuesto y, en general, de resultados escasos. Empieza a extenderse el criterio de que reducir el desempleo, en un tiempo corto, es un objetivo inalcanzable con los actuales sistemas políticos de raíz capitalista y aun socialdemócratas. Los modelos han hecho crisis, o están en vísperas, con el inconveniente añadido de que falta definición para el recambio.
No están teniendo los resultados esperados quienes recurrieron al cambio, centrándose simplemente en la reforma de las condiciones legales que regulan el mercado laboral. Se constata que la flexibilidad, por sí misma, incluso es un recurso negativo. Más éxito, pero insuficiente, están logrando las que se apuntan en la dirección de políticas activas de empleo, fomento de inversiones, programas de recualificación, reducción de cotizaciones sociales, cultura de movilidad, simplificaciones contractuales. También añadir medidas de protección social para evitar que el trabajo tenga cargas directas ,a la vez que insistir en un diálogo más equilibrado entre capital y trabajo, junto a una estrecha colaboración en iniciativas públicas y privadas. Un ejemplo positivo lo constituyen las agencias de colocación.
La aplicación de un paquete de medidas políticas del contenido señalado significaría un paso adelante en el convencimiento de que la continuidad de la crisis globalizada motiva una revisión de conceptos sociales que antes no se habían puesto en discusión. Un ejemplo es la contratación de empleos. Quien tenía la condición de empleador, ostentaba también la potestad de contratar los trabajadores que eligiese libremente y las leyes laborales se limitaban a fijar el marco jurídico de las condiciones.
La crisis, al destruir millones de empleos, al despojar a unos del bien del trabajo y a otros de la imposibilidad de acceder a él, ha trastocado todos los derechos y deberes de la vida laboral. El trabajo es un bien escaso y su posesión y su reparto está definitivamente saliendo del cauce del Derecho Privado para entrar en la regulación del Derecho Público.
Quien tiene en sus manos la gran riqueza de poder dar trabajo a otros, cada vez menos podrá distribuirlo a su antojo, porque antes que su interés se está imponiendo el interés genera. Un ejemplo facil: se puede vender una empresa, un negocio, pero no sustituir la plantilla.
La sociedad ha asumido ya esta nueva concienciación y existe una actitud de vigilancia constante ante cualquier hecho de distribución de empleo. Las administraciones públicas, muy especialmente las municipales y autonómicas, deben ser muy cuidadosas y actuar con una transparencia exquisita, en todos los casos que creen o distribuyan empleo, fijo o temporal. Favoritismo de cualquier clase y clientelismo en esta materia son delitos de corrupción mucho más graves que las "tarjetas negras". La acción popular, la denuncia pública deben ser inmediatas.
