En una reciente intervención en el Congreso, el portavoz de ERC, Joan Tardá, no tuvo el menor empacho al afirmar que a España le quedaban tres telediarios. Hacía este pronóstico en función de los resultados de las elecciones que daban a los independentistas mayoría parlamentaria, aunque no de votos.
En la sesión de elección del presidente del Parlament, se oyeron manifestaciones, por ejemplo, la de Maragall, que bien pudieran interpretarse como muestra de que la "desconexión" es cosa de pocos meses. El recién elegido presidente del Parlament no ocultó sus intenciones soberanistas al margen de las leyes "opresoras" y para recuperar la Generalitat secuestrada. Nada de condenar el golpismo y grandes dosis de ambigüedad dialéctica.
Podría pensarse que la aplicación del artículo 155, en su forma menos operativa, ha impresionado muy poco a los líderes golpistas y menos aún a su aparato de servidores y cómplices. Ahí está el caso de TV3, el mejor altavoz de la rebeldía, las subvenciones a medios amigos y los eventos propagandísticos organizados con dinero público.
En algún momento, el Gobierno pensó que había "descabezado" el "proces" porque la administración funcionaba, no había algaradas callejeras, unos cuantos protagonistas estaban en la cárcel y Puigdemont tomaba café en la Grand Place de Bruselas.
A la vista de los resultados parece que hubiera sido mejor para la gobernabilidad y estabilidad apretar el tornillo, dejarse de complejos y apaciguamientos, aplicando todos los recursos legales que ampara un poder legítimo y democrático.
Ahora Mariano Rajoy ha vuelto advertir de que el 155 continúa y que están preparadas las demandas al Tribunal Constitucional. Habrá que ver hasta que punto se reprimen los golpistas.
Más efectiva en la prevención y corrección, es la justicia penal, a la que podrá criticarse los plazos, su grado de dureza o su eficacia en la reinserción de los condenados. Pero tarde o temprano termina resultando eficaz cuando se convierte en un instrumento útil de la democracia para defenderse de ataques como los vividos y que anuncian repetirse. Las cuentas pendientes a unos y a otros las experiencias carcelarias pueden aconsejar prudencia y, sin renunciar a ideologías, encaminarlas por senderos legales.
La opinión pública ha bajado su interés por el contencioso catalán, pero sigue pensando que el Gobierno está al rebufo de los separatistas y que Puigdemont ha calentado el desafío más allá de las hipótesis de Moncloa. Simula el genio de una partida de ajedrez, moviendo pieza, mientras el Ejecutivo entra en desasosiego, preocupado cada mañana por las noticias desde Bruselas y el Parlament. Hasta los Presupuestos Generales y el debate del Estado de la Nación están condicionados por el expresidente fugado de la justicia.
Sobran argumentos para recurrir al espectro más amplio del 155 y al Código Penal, con la contundencia que sea precisa, para acabar con tanta burla y desprecio al Estado.
