El Tratado de Lisboa de 2007 impuso a los estados miembros de la UE la redacción de programas nacionales de reformas que fuesen congruentes con la Estrategia Europea 2020, la agenda de crecimiento y empleo de la UE en esta década, prevista para el desarrollo inteligente, sostenible e integrador, como una manera de superar deficiencias estructurales de la economía europea.
De acuerdo con esa directiva, el Gobierno de Rajoy ha venido presentando desde 2011 el correspondiente Programa de Reformas que tiene carácter de compromiso internacional. El de aquel año, que tenía previsiones hasta 2016, ponía el énfasis en ocho reformas clave. Entre ellas, saneamiento de las cuentas públicas, reajuste fiscal, nuevas políticas de empleo, apoyo a los emprendedores, unidad de mercado y una reforma de la administración pública, dedicada al adelgazamiento de las administraciones.
Mirando atrás, se puede comprobar que se han cumplido una parte significativa de los objetivos. Como el saneamiento financiero y el reajuste fiscal. Pero otra sigue pendiente para acercarse al objetivo 2020 en materia de empleo, energía renovable, pobreza y exclusión social, abandono escolar y cambio climático.
También anda retrasada la simplificación administrativa, entendida como la supresión de las barreras y cargas derivadas de la actividad burocrática de las administraciones públicas, estado, comunidades autónomas y locales. Así como la inducida a la actividad privada, empresas y actores individuales incluidos.
Hasta ahora han sido insuficientes las medidas para reducir las cargas administrativas para fomentar el desarrollo económico y simplificar las relaciones de los ciudadanos y empresas con las administraciones públicas.
Un punto de referencia es el número de papeles, certificados e informes que tienen que acompañar cualquier decisión administrativa. En España, tenemos el DNI, expedido por la Policía, que acredita los datos más generales. Desgraciadamente en muchas oficinas públicas les parece insuficiente y hasta piden "fe de vida" del propio sujeto e incluso informe sanitario, domiciliación, partida de estado civil. A este paso, pronto requerirán informe de estado mental y de conducta expedido por los vecinos.
No hay exageración, si quiere usted vender su casa tendrá que sacar un certificado municipal que acredite, pásmese, que "no tiene ninguna sanción urbanística". La administración se pasa un montón.
Intente abrir un negocio, bar, tienda, taller... y cuente con largas semanas para licencia de obras, meses y semestres de espera.
En tiempos de Larra, ya era de aborrecimiento público el retraso y el papeleo burocrático de la época. Ahora hay factores añadidos, como la exigencia de hacer todo "on line". Si usted es alfabeto informático tendrá la suerte de no hacer cola de ventanilla, pero la respuesta tendrá la demora parecida a antes del invento. Por cierto, cuando Larra, había "memorialistas" para preparar los escritos, ahora sugiero a algún emprendedor, que monte en una furgoneta una "Business Truck" y dar servicio ambulante de documentos informáticos.
Muchas administraciones presumen de tener digitalizada la gestión, pero deberían informar cual es el tiempo medio de resolución y el grado de satisfación, sobre todo, en la ciudadanía con cierta edad.
Ya no estamos en los tiempos de las malditas pólizas que había que pegar a aquellos papeles de "barba" con encabezamientos de estilo feudal, por el siervo de turno. Pero la administración democrática exige eficacia y servicio en tiempo y forma. No hay que perder la esperanza por que hay administraciones que cumplen esos requisitos del siglo XXI, por ejemplo las oficinas de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
2020 está cerca, no perdamos la esperanza.
