Como es sabido, estos días se están celebrando las comparecencias de la comisión de investigación del agua. La presidenta de la comisión y alcaldesa, Mariví Monteserín, prohibió votar la posibilidad de hacerlas públicas y que todo el mundo escuchara lo que se preguntaba y respondía. Como para Izquierda Unida la transparencia es un pilar fundamental de nuestra democracia, vamos a exponer aquí un extracto de la intervención realizada ante la madre de la privatización y exalcaldesa de Avilés, Pilar Varela, ayer compareciente en la citada comisión.
Como comisión de investigación, nuestro objetivo es el de indagar sobre las relaciones de los políticos, el Ayuntamiento y la empresa mixta Aguas de Avilés con Aquagest y el resto de empresas vinculadas con la trama corrupta del agua. No queremos suplantar el trabajo de los juzgados, pero sí investigar las ramificaciones avilesinas de la trama del agua, para después en nuestras conclusiones delimitar las posibles responsabilidades políticas de las mismas.
La aprobación de la privatización se sustentó en tres patas: el PSOE, la oposición (ASIA y el PP) y Aquagest. IU trata de demostrar que al menos dos de esas patas estaban presuntamente carcomidas por la corrupción.
El proceso de privatización del agua en Avilés no está ni mucho menos cerrado; todo lo contrario, continúa "sub judice" y no en un juzgado, sino en dos: el de Avilés y el de Lugo. La mejor prueba de que la investigación no está cerrada nos la daba hace poco más de un mes la jueza de Lugo, experta cazadora de "pokemons", cuando remitía a este Ayuntamiento un escrito en el que, entre otras cosas, nos invitaba a personarnos como institución en el proceso judicial que ella mantiene abierto.
Es interesante el siguiente extracto literal de un auto de la jueza Pilar de Lara, un extracto en el que la jueza de Lugo explica cuál el objeto de la instrucción que mantiene abierta sobre la privatización de agua en Avilés: "Se investiga la concesión de la gestión del servicio de aguas a Aquagest, así como las relaciones del Ayuntamiento con las empresas del grupo, al existir indicios de la posible connivencia entre dicho grupo empresarial y diversos representantes municipales, entre los que se encontraría la entonces concejala Carmen Vega y su esposo Joaquín Aréstegui, que habrían sido beneficiados con la entrega de dinero en metálico y la realización de obras y servicios con posterioridad a la privatización del servicio de aguas y supuestamente en contraprestación a la consecución de dicho servicio por parte de Aquagest".
Otro extracto a tener en cuenta es del Juzgado n.º 3 de Avilés, en concreto del escrito de acusación del fiscal para la apertura de juicio oral: "En contrapartida por los pagos recibidos y por otros a percibir en el futuro, el día 26 de octubre de 2009 Miguel Ángel Villalba Menéndez apoyó en el Pleno del Ayuntamiento de Avilés con su voto como concejal la incorporación de Aquagest a la Sociedad Mixta de Gestión de las aguas del Concejo de Avilés".
Queda claro que una de las tres patas sobre las que se asentaba la privatización, la pata de la oposición se ha demostrado que, presuntamente, estaba completamente podrida.
Pilar Varela sabía perfectamente que sin los votos del PP y de ASIA no le daban los números para privatizar el agua en Avilés. Aréstegui y Villalba eran colaboradores necesarios; por eso, presuntamente, cobraron. ¿De verdad pensaba Pilar Varela que la oposición votaba "gratis et amore" a favor de una privatización que le iba a reportar al gobierno un ingreso de varios millones de euros? ¿De verdad no vio nada sospechoso en que 23 de 25 concejales votaran a favor de una privatización que, en cambio, era mayoritariamente rechazada en la calle? Porque los socialistas fueron elegidos por 17.587 votos para gobernar durante 4 años; sin embargo, decidieron rechazar y menospreciar las firmas de más de 20.000 personas para decidir sobre el modelo de gestión durante nada más y nada menos que 25 años hipotecando a los futuros gobiernos.
Vamos a hablar ahora de otra pata, de Aquagest. Los directivos de Aquagest con los que firmó la privatización del agua, Henry Laíño y Sergio Soriano, miembros también del consejo de administración de Aguas de Avilés, que Pilar Varela presidía, se encuentran actualmente imputados en los Juzgados de Lugo por la posible comisión de todos y cada uno de los delitos que se pueden cometer en una relación con la Administración: cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, prevaricación, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, asociación ilícita y falsedad en documentos públicos, privados y mercantiles. Laíño también se encuentra imputado en el Juzgado de Avilés por la posible comisión de sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Varela, hasta ahora, ha mantenido un silencio cómplice hacía las correrías y las imputaciones de sus socios privatizadores, tanto políticos como empresariales. Pero no ha sido igual de condescendiente con quienes nos oponemos a la privatización y sus nefastas consecuencias. En 2013 la prensa publicó: "Pilar Varela propondrá al consejo de administración de Aguas de Avilés el inicio de acciones legales contra IU". Fue por unas declaraciones de Alejandro Cueli que según la exalcaldesa "podrían estar provocando un daño inmerecido en la imagen de la sociedad mixta Aguas de Avilés".
Desde mi humilde opinión, le voy a decir cómo hubiera actuado yo si fuera Alcaldesa en ese momento, partiendo de la base de que nunca se hubiera privatizado un bien público y esencial como el agua, beneficiando a una empresa privada a costa de los avilesinos y avilesinas.
Si fuera verdad que los socialistas no sabían nada de los chanchullos que tenía Aquagest ni de los favores que estaban recibiendo presuntamente en concepto de dinero los políticos de los dos grupos de la oposición, hubiera convocado una rueda de prensa para anunciar varias acciones:
1. Poner todos los medios disponibles del Ayuntamiento para facilitar a la justicia su investigación.
2. Crear una comisión de investigación para analizar todo lo ocurrido y poder pedir explicaciones a los políticos imputados.
3. Me hubiera personado en el juicio para estar al día de todo y poder defender, como se merecen, los intereses de nuestra ciudad, como han hecho en otras ciudades.
4. Hubiera anunciado que iba a controlar exhaustivamente que la empresa privada cumpliera con todo lo acordado para poder encontrar un atisbo de incumplimiento y, por tanto, poder rescindir el contrato, porque una empresa hasta arriba en la trama corrupta del agua no puede gestionar un servicio tan básico como el agua.
¿Cree aún Pilar Varela que con su defensa a capa y espada del socio privado estaba actuando como lo debe hacer una alcaldesa de Avilés? ¿Qué antepuso Pilar Varela: el interés público o el de Aquagest?
