Una de las razones que argumentaron los políticos británicos partidarios del Brexit fue que había que recuperar la soberanía, no solo en materia fiscal e inmigración, sino también en las resoluciones judiciales. La premier Teresa May lo ha repetido varias veces: "Gran Bretaña tiene plena confianza en sus jueces y tribunales y no desea su sustitución por otros diferentes en tradición y dependencia". Con esta afirmación, los británicos están negociando, entre los términos de su salida de la UE, que los futuros conflictos legales entre sujetos ingleses y comunitarios se diluciden con arreglo a la legislación y tribunales que hayan pactado las partes para cada caso y no automáticamente con el sistema judicial y legal de la UE. Adiós a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de La Haya.
La insistencia inglesa en la cuestión está haciendo reflexionar a otros miembros de la UE, tal es el caso de Hungría, Polonia e Italia, acerca de la conveniencia de revisar el actual sistema judicial porque, con la excusa de pátina de corte europea, se producen desautorizaciones a sentencias y jurisprudencia procedentes de los más altos tribunales de países, argumentando una doctrina europea sacada de las "puñetas". Tal modo está contribuyendo al euroescepticismo y en un repliegue de las iniciativas hacia una Europa más cercana y menos dogmática.
En España, hemos asumido el relativismo, vale todo, y así nos hemos tragado la resolución de Estrasburgo que absuelve al quemador de fotos del Rey y lo justifica en nombre de la libertad de expresión, haciendo aguas sobre la sentencia del Tribunal Supremo y el Constitucional.
Interpretaciones de esta índole debieran hacer rechinar el sistema si añadimos las consecuencias prácticas de tales resoluciones. Hoy se quema más que ayer y menos que mañana, despreciando de esta forma la representación de todos los españoles según la Constitución. En Galicia, Cataluña, Euskadi y Baleares, ya es moda.
El tema de las euroórdenes frustradas añade nuevos motivos de irritación con la UE. Cuesta entender que un tribunal regional ponga al pie de los caballos a un Reino con varios siglos de existencia, y lo haga con una interpretación contraria a la mutua confianza entre los jueces europeos, que es precisamente su razón de aceptación por los estados miembros y no optar por una indagación propia cuando eso está reservado al juez instructor.
A veces, se tiene la impresión de que nuestro país, tan hablador en casa, es mudo y timorato en esferas exteriores. Será, quizás, como consecuencia de tantos años aislados del exterior.
