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Ventanal

El orden constitucional, por los suelos

Sobre el fracaso político en Cataluña y el paso a un nuevo escenario aún más preocupante

El 3 de octubre del pasado año, el Rey se dirigía a los españoles en una alocución excepcional ante la situación de emergencia que vivía España con la insurrección de la Generalitat en su intento de disgregar Cataluña del Estado y la tensión social derivada de la celebración de un referéndum ilegal. Felipe VI señalaba que "determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada han venido incumpliendo la Constitución y el Estaturo de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno". Calificando la situación de "extrema gravedad", el Jefe del Estado manifestaba que "es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".

El mensaje real fue determinante para que, por fin, el Gobierno de Rajoy pasase de las advertencias y recursos a los tribunales al ejercicio de la acción política,acudiendo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desafortunadamente, las palabras y mensajes de Felipe VI tendrían hoy que repetirse y algunos aprender la lección. Es bien sabido que Mariano Rajoy no contó con pleno apoyo de Pedro Sanchez, quien en nombre del "diálogo" rebajó las áreas e intensidades de la intervención.

Ahora, cuando la aplicación ha decaído por los propios términos que la vinculaban a un nuevo Govern, se constata que el objetivo de revertir la situación de "extrema gravedad" que decía el Rey no solo no se ha conseguido, sino que hay ya anuncios formales de empeoramiento, con el escenario de un presidente de la Generalitat testaferro de un delincuente fugado de la justicia, que en su primer acto desprecia la Constitución, el Estatuto y al Jefe del Estado.

Hay algo más que fracaso político; hay burla y pisoteo de la dignidad nacional. La opinión pública es unánime tanto en censurar al Ejecutivo y a los partidos constitucionalistas, tanto por el fracaso del 155 como por sus disidencias a la hora de acordar la respuesta a la radicalidad separatista. Ni siquiera son capaces de presentarse juntos para dar explicaciones sobre este problema de Estado que está alcanzando dimensiones próximas a las vividas a principios del XX. Cuando se proclamó la II República, el Gobierno y la Asamblea Constituyente no vacilaron en legislar la Ley de Defensa de la República que atribuía al poder ejecutivo la represión de cualquier acto contrario a la nueva democracia recién instaurada. Duró dos años con aplicaciones a veces sectarias, pero fue el recurso de la época para mantener cierto orden en España y evitar pronunciamentos cantonales.

Un comentarista amigo me recordaba aquel aviso de Maquiavelo: "Si toleras el desorden para evitar la guerra, primero tendrás desorden y después guerra".

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