Cuando una línea eléctrica o una conducción de gas, agua o cualquier otro suministro transcurre por un terreno privado, su titular recibe una compensación a través de un convenio individual. Pero, ¿qué ocurre cuando esa línea o esa conducción atraviesa propiedad pública? En Siero, gracias a la decisión del PSOE y sus socios de gobierno de hacer oídos sordos a la reclamación de Izquierda Unida al respecto, nada.

Es decir, que a las compañías no les cuesta un solo euro, por ejemplo, coser nuestro concejo con líneas de alta tensión, a pesar de que la ley permite al Ayuntamiento establecer una tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Las razones que se ofrecen como excusa para no poner en marcha una medida como esta, que podría suponer importantes ingresos para las arcas municipales, tienen tan poco sustento que sencillamente denotan incapacidad por parte del equipo de gobierno.

Por una parte, se apela a la inseguridad jurídica que supone la aprobación de esta tasa. Dejando de lado el hecho de que en derecho la seguridad plena no existe, dado lo interpretable de las leyes, es cierto que los municipios que han aprobado una ordenanza reguladora de este cobro han tenido que hacer frente a demandas, fundamentalmente de las eléctricas. Y es que a nadie, tampoco a estas entidades, le gusta empezar a pagar por algo que hasta el momento le resultaba gratis. Pero también es cierto que estas batallas legales han tenido un claro ganador, pues absolutamente todas las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (al menos una veintena, entre ellas una relativa a un concejo asturiano, Cabrales) han sido favorables a los ayuntamientos. Y es de prever que lo mismo sucederá con las pendientes de resolver y con aquellas que aún están en instancias inferiores.

Con estos precedentes, la inmensa mayoría de los consistorios se han decidido a poner en marcha ordenanzas similares o lo harán a lo largo del año, de cara al ejercicio 2018; sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Gijón anunciaba la medida hace apenas tres semanas. Y es que la recompensa no es menor: el municipio de Arteixo (31.000 hab.) el mayor de los que hasta el momento ha avalado el Tribunal Supremo, ha incluido en sus presupuestos de 2017 una previsión de ingresos de 4,7 millones de euros por estas ocupaciones del dominio público, lo que supone un incremento de 3,2 millones de euros respecto a lo recaudado antes de la sentencia. Pero en Siero, PSOE y FAC siguen sin verlo claro.

Por otra parte, se alega que estas compañías ya pagan al ayuntamiento un canon del 1,5% de lo facturado en el municipio. Pero, aunque es cierto, se están mezclando aquí conceptos por parte del gobierno local, desconocemos si de forma interesada o no. El cobro de esa tarifa del 1,5% lo recoge la ley en relación a las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario por el uso privativo o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, y la propia ley exonera a las mismas del pago de otras tasas derivadas de ese mismo uso. Pero la ordenanza que IU Siero proponía aprobar no se refería a las vías públicas municipales (calles, plazas, carreteras, etc.) sino al dominio público (montes, pastos, ríos, etc.), y en esa diferencia radica la compatibilidad de ambos ingresos, tal y como también especifica el propio Tribunal Supremo en las sentencias antes referidas.

Siero es un municipio con una ubicación privilegiada dentro de Asturias. Pero precisamente por estar situado donde está debe soportar que su territorio sea atravesado por líneas eléctricas y conducciones de agua y gas que en muchos casos no se emplean para dar servicio a la ciudadanía del propio concejo, aunque le produzcan numerosos inconvenientes. Seguramente muchos de ellos no se paliarían únicamente con dinero, pero parece tremendamente injusto que habiendo la posibilidad de obtener una compensación por los mismos Siero vuelva a quedarse relegado por la incompetencia de PSOE y FAC, que demuestran una vez más no estar a la altura del cuarto municipio asturiano.