Cataluña hace tiempo que es otro país. En éste, cuando alguien, haya sido o no político, comete probados delitos va a cárcel o termina pegándose un tiro. Allí no. Miembros de una familia, acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad no tienen ni prisión preventiva. Ese es otro país, o será que quienes usamos el sentido común no lo entendemos. Tampoco entendemos que sólo se aplique el dichoso 155, que no pasa de ser un castigo para todo quisqui; porque en algo fastidiará al pobre ciudadano que se rompa el habitual gobierno autonómico. Un señor, con la complicidad de otros 71, se pasa por cierto lugar las leyes básicas de un estado y a él personalmente, y a sus secuaces, ¿no les pasa nada? Sabemos que son aforados, pero no es una patente de corso para saltarse las leyes. ¿Por qué no interviene la fiscalía general? En cierto momento, el Tribunal Superior de Justicia manifestó a los juzgados de primera instancia e instrucción que, si quieren inhibirse, por ser el acusado aforado, tienen que decir quién es, qué ha hecho y por qué lo que ha hecho es delito y entonces él se hace cargo. Pero eso igual sólo lo sabemos los bobos. Habrá que recoger firmas.
