Mi primera reacción fue de decepción. Decepción como humano, como cristiano, como español... El que oigas a alguien declarar que España es un país donde se violan alegre y sistemáticamente los derechos humanos no es para menos. ¿Qué hago yo aquí sin enterarme de esta tropelía para luchar contra tal abyección? ¿Qué hace la Conferencia Episcopal sin emitir una estrepitosa denuncia para evitar tal desafuero hacia la dignidad humana? ¿Qué hacen Gobierno, Policía, Justicia, Rey... para frenar semejante injusticia? Su honorabilidad se va al suelo. Luego reflexioné y pensé que no podía ser. Lo de Irene Montero no lo considero. ¡Prubina! Pero, en serio. Si un ciudadano normal -Puigdemont ahora lo es- se lanza a los medios de comunicación con imposturas que ultrajan a personas e instituciones, ¿no le pasa nada? ¿No interviene la fiscalía acusándolo por esto para que le llegue otro recadito a Bélgica y prosiga colaborando con la justicia belga? Porque, si no es cierto lo que semejante individuo afirma, viola el artículo 12 de los derechos humanos: "Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación".
Cruzarnos de brazos sería darle la razón. Decepción.
