Parece que este año los ayuntamientos costeros serán los responsables de la limpieza y el mantenimiento de sus playas, cambiando radicalmente la situación existente hasta la fecha. Aunque el asunto colea y coleará más aún, me parece el enésimo despropósito contra los consistorios, condenados a una reglamentación que les asfixia económicamente, independientemente de su gestión y de la existencia de remanentes, y que sirve para tapar agujeros de otras administraciones públicas. No existen barreras para que los vecinos de diferentes concejos sin costa acudan a Aguilar o Los Quebrantos, pero el mantenimiento caerá sobre el mermado presupuesto de Muros y Soto, que tendrán que detraerlo de otras partidas. Llegará un día en el que la situación sea insostenible y los alcaldes y alcaldesas se cansarán de ser los paganinis.
