La reciente decisión judicial, que ordena la clausura de la Casa de Mieres, en el puerto Pinos, ha revitalizado las pretensiones de un grupo político, con un abogado experto en casos mediáticos al frente, y los insondables intereses de un grupo de vecinos de la zona de Babia.
Es fácil exacerbar los ánimos de la masa, apelando contra la ocupación del "suelo patrio" por las fuerzas foráneas. Espero que no se traslade a la gran cantidad de chalets, viviendas y fincas que tienen propietarios asturianos en León.
Es cierto que el Ayuntamiento de Mieres, hasta estos últimos años, no se había preocupado de legalizar el inmueble de servicios del puerto. La buena relación con el Ayuntamiento de San Emiliano, el uso discontinuo de la casa y las costumbres existentes de no necesitar licencia para los bienes municipales habían hecho olvidar esa necesidad.
Conseguida al fin la apertura, esta orden judicial no logra más que perjudicar a los más débiles: los ganaderos que utilizaban estas instalaciones y el empresario que esperaba resolver su vida durante tres meses al frente de las instalaciones.
El Ayuntamiento de Mieres no toma, ni tomó, sobre el puerto de su propiedad ninguna decisión que no pueda tomar un propietario privado sobre sus bienes: siempre ciñéndose a las leyes emanadas de la Junta de Castilla y León, en cuyo territorio se encuentra el bien.
El abuso en la ocupación del puerto por parte de los ganaderos de la zona amenaza con acabar con los pastos para todos. Para los leoneses y para los mierenses.
Siempre se reconoció el derecho de los vecinos del entorno a entrar en la propiedad mierense pero sacando las reses por la noche, tal como figura en la escritura de compra. Nunca lo cumplieron y nunca se les reclamó absolutamente nada, sólo se intentó que no adelantaran la entrada en el tiempo por el perjuicio evidente que supone destrozar los brotes tiernos que faltarán todo el verano. No se consiguió, porque ellos están allí y nosotros a muchos kilómetros.
Por no hablar de la picaresca utilizada de introducir ganado de propietarios que no tenían derecho a hacerlo, con los subterfugios imaginables, sobreocupando el puerto. Pero será justo reconocer que esto se hacía por parte de todos.
Pequeños desencuentros, como enviar a la Policía Local a regular el tráfico el día de la fiesta, se solucionaron inmediatamente porque siempre estuvimos en disposición de que existiera buena armonía. Se reconoció la improcedencia de tal medida que, sin embargo, nunca había sido denunciada.
La pretensión manifestada de expropiar el bien no encontró adhesiones en la Junta de Castilla y León, y soy testigo presencial. Seguro que la administración no tenía interés en gastar un dinero necesario para otras inversiones más prioritarias pero, sobre todo, porque fueron conscientes de la dificultad que entrañaba el acto.
Expropiar a una administración, si no hay acuerdo de partes, tiene una dificultad grande; además, para iniciar el proceso, el expropiador debe declarar el fin y el uso del bien que se pretende y como no serían distintos del que,en estos momentos tiene, se me antoja que sería difícil finalizarlo con éxito.
Para paliar los enconos asistimos junto al alcalde de San Emiliano a una reunión con la Junta de León. Allí convinimos todos en acatar el reglamento de pastos que la Junta elaborara. Nuestros dos ayuntamientos siempre tuvieron buena disposición al entendimiento por interés mutuo; la hostelería de San Emiliano se beneficia de la presencia de los ganaderos mierenses y sus familias.
En definitiva, la disputa busca únicamente mantener la llama viva de un partido regionalista que tiene su razón de ser en reivindicaciones de reafirmación autóctona, un abogado mediático y un grupo de ganaderos que, estoy seguro, sólo están apoyados por el silencio de la mayoría.
