La pasada legislatura, los vecinos y las vecinas hicieron un importante esfuerzo para evitar la quiebra del Ayuntamiento. A lo largo de los últimos cuatro años no pudimos hacer apenas inversiones y tuvimos que reducir subvenciones o el apoyo a muchas iniciativas. Un sacrificio que demostró el compromiso y la altura de miras de este municipio. Un sacrificio que mereció la pena porque nos permitió superar el riesgo de bancarrota. Un sacrificio que confirmó que la responsabilidad y el interés general ponían fin a tantos años de derroche e improvisación en el Gobierno de Mieres.
En estas condiciones, desde el Gobierno municipal consideramos que era necesario apostar por la congelación de los impuestos y tasas municipales. Tan sólo nos hemos visto obligados a realizar dos pequeñas actualizaciones en los precios de la residencia municipal y la Escuela de 0 a 3 años para homogeneizar los precios públicos con los que utiliza el Principado de Asturias: Cuatro euros en el caso de la Escuela y 16 euros en el de la residencia. Una decisión que se complementa con una serie de medidas para proteger a los que menos tienen, mediante un amplio abanico de bonificaciones y exenciones.
El alcalde, en su discurso de investidura, fijó tres objetivos centrales para la acción de gobierno en este mandato: Luchar contra el paro, proteger a las personas y acabar de poner orden en el Ayuntamiento. En estas coordenadas se enmarca la propuesta fiscal para el próximo año que presentamos esta semana a todos los grupos municipales.
El Gobierno de Mieres quiere proteger a las familias con menos ingresos, mujeres separadas con hijos a su cargo, personas mayores con pensiones bajas o personas que no tienen trabajo y tampoco prestación por desempleo; pero también impulsar la actividad económica y la creación de empleo, la rehabilitación de vivienda, el patrimonio cultural e industrial, las energías renovables o la agricultura ecológica.
La primera línea de actuación es evidente: Proteger a las personas frente a la crisis. En una situación de crisis, en un municipio con un elevado nivel de envejecimiento, en el que muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes o sobreviven gracias a la pensiones de los abuelos y abuelas y en el que también existe un importante número de mujeres mayores con pensiones de viudedad bajas, es necesario adoptar medidas de bonificación para que los que menos tienen paguen menos. Y así lo haremos con la tasa de agua, recogida de basuras, alcantarillado, Escuela de 0-3 años o el servicio de ayuda a domicilio mediante exenciones o bonificaciones, en función de los ingresos.
La segunda línea es apoyar la actividad económica y la creación de empleo. Para ello hay una batería de bonificaciones fiscales para estimular y facilitar la puesta en marcha de nuevas inversiones industriales, la creación de nuevos proyectos empresariales y la diversificación económica en el concejo. Por poner un ejemplo, podemos hablar de bonificaciones del 60% para licencias de apertura, obras o instalaciones.
La tercera línea es impulsar la rehabilitación y construcción de vivienda, la eliminación de barreras arquitectónicas y el aprovechamiento energético. El envejecimiento del parque de vivienda del municipio es un problema estratégico. Hay un dato que resume el panorama: una de cada dos viviendas se construyó entre 1900 y 1960. Para conseguirlo hay todo un paquete de estímulos fiscales que suponen bonificaciones en el IBI o el impuesto sobre construcciones.
Hemos iniciado una legislatura clave para consolidar el cambio que supusieron las elecciones de 2011. Esta propuesta fiscal tan sólo es un primer paso. Tenemos un duro camino por delante para conseguir afrontar la crisis pero es importante ir dando pasos en la dirección correcta.
