El delirio secesionista catalán ha entrado en una peligrosa encrucijada, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional acordara de forma unánime suspender la resolución independentista del Parlamento catalán. Por ello, tal vez sea oportuno acudir al pasado (aún activo histórica y políticamente) para comprender los lastres que arrastramos, y que los "embalsamadores" oficiales tratan de arrojar a las tinieblas de la historia.
En casi siglo y medio hubo en Cataluña tres intentos separatistas fallidos. Y ahora está el cuarto en marcha. Esas tentativas se produjeron cuando, por diferentes motivos, las fuerzas del Estado estaban muy debilitadas. Fue durante la Primera República cuando se declaró por primera vez la República catalana independiente. Y se hizo en medio de "horribles discordias nacionales": la guerra carlista en el Norte, la guerra de los diez años en Cuba y los desastrosos episodios cantonalistas en varias regiones españolas.
El 14 de abril de 1931, coincidiendo con la ola emocional y popular que había suscitado la proclamación de la Segunda República, tuvo lugar la segunda declaración separatista.
Y para el tercer anuncio de secesión se aprovechó el movimiento revolucionario de octubre de 1934, con las secuelas de medio centenar de muertos y más de tres mil detenidos.
Por otra parte, en un memorable debate parlamentario, Manuel Azaña (1880-1940), uno de los políticos más relevantes y representativos de la II República, defendió la fórmula autonómica como la más idónea para resolver definitivamente las divergencias históricas entre Cataluña y el Estado central: "la República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar". En el empeño se jugaba Azaña no sólo su prestigio político, sino también la propia continuidad del Gobierno que presidía.
Sin embargo, para Ortega y Gasset, el problema catalán, como otros similares que existían en varias naciones europeas, era un problema que no se podía resolver de raíz, únicamente se podía conllevar: "No sólo los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes tienen que conllevarse con los demás españoles". Ortega auguraba entonces que, si en España se debilitase mucho el poder del Estado, "iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional".
Debido a las continuadas muestras de deslealtad por parte de la Generalidad, Azaña no tardaría mucho tiempo en cambiar radicalmente de opinión respecto a las bondades de autonomía. En sus "Memorias de guerra (1936-1939)" acusa a los gobernantes catalanes de haberse aprovechado del levantamiento del 18 de julio y de la confusión posterior para crecer impunemente, gracias a la debilidad en que la rebelión militar había dejado al Estado: "Desde usurpar el derecho de indulto al Gobierno de la República no se han privado de ninguna transgresión, de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, crearon la consejería de Defensa y se pusieron a dirigir su propia guerra: quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares para construir la gran Cataluña de Prat de la Riba?"
Por todo ello, en mayo de 1937, siendo presidente de la República, Azaña advierte de la necesidad de que el Estado recobre sus poderes constitucionales para poner coto a los "desmanes e insubordinaciones" de los órganos autonómicos catalanes.
Desde entonces han transcurrido 78 años, y la eufemística "desconexión" de España anunciada por los grupos separatistas se apoya precisamente en el gran poder de que ahora goza la autonomía catalana. Artur Mas lo proclamó sin ambages: pasaremos de la autonomía al Estado catalán independiente en año y medio. En cualquier caso, el Gobierno dispone de suficientes instrumentos para impedir que se traspase esa desafiante línea roja que ya tiene precedentes históricos. Lo grave en este caso sería no aplicar esos instrumentos.
