Tal vez muchos recuerden aquel 30 de octubre de 2013 en el que la gran mayoría de las organizaciones sociales llamaban a la manifestación rodeando los ayuntamientos con una cadena humana. Entre ellas la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y ya a nivel local, la Federación de Asociaciones Vecinales de Mieres.
La forma de manifestación no se decidió por casualidad, fue algo consensuado y en lo que todas las organizaciones convocantes del acto estuvieron de acuerdo, eligiendo el cerco a los consistorios como símbolo de protección de los ciudadanos ante la Ley de reforma de la Administración Local por las medidas restrictivas y de recorte social que la misma plantea y que si de aquí a final de año no se consigue su derogación, entrará en vigor el próximo día 1 de enero de 2016.
En palabras de Abel Caballero, alcalde de Vigo y Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "viviremos un verdadero caos precisamente por las restricciones que la Ley plantea a los ayuntamientos". Becas de comedor, atención social, pagos del alquiler para familias sin recursos, comedores sociales, albergues para sin techo, víctimas de violencia de género? Todos estos servicios y otros que detallaré más adelante, forman parte de unos brutales recortes que pueden llevar a muchos vecinos hacia un estado de exclusión social.
El movimiento vecinal no puede ser ajeno a esta circunstancia y menos aún puede consentir que una Ley de carácter totalmente antisocial, acabe con las mejoras y servicios que a base de reivindicar se han ido logrando y que hoy son parte fundamental dentro de los ayuntamientos como atención a la ciudadanía. Por esa razón, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Mieres queremos dejar clara nuestra más firme oposición a una reforma que supondrá, sin duda alguna, la pérdida de unos servicios que nosotros consideramos totalmente irrenunciables no solo por el papel social que están jugando, sino también por lo que cultural y formativamente aportan a la institución municipal.
Los vecinos, perceptores de todos esos servicios que la Ley amenaza con arrebatar a los ayuntamientos, no podemos ni debemos permanecer impasibles ante un hecho que si bien económicamente se puede entender desde la racionalización y sostenibilidad de la administración local, socialmente no tiene ninguna aceptación y es aquí donde nosotros entendemos que desde el Gobierno central se deberían ofrecer alternativas que hagan posible el mantenimiento de unos servicios que la ciudadanía necesita, hoy más que nunca, debido a la situación de crisis que estamos padeciendo.
En cambio, si no se consigue derogar la Ley o cuando menos aplazar su entrada en vigor, tratando de buscar alternativas que minimicen el impacto en los recortes que recoge, desde el próximo mes de enero y de manera progresiva, a menos que puedan permitirse mantener con presupuesto propio estos servicios, los ayuntamientos irán perdiendo competencias en:
Servicios de salud municipal: servicios de salud de urgencias y asistencia primaria; atención a dependientes; asistencia de día a mayores. Supresión de servicios educativos municipales: escuelas de adultos e infantiles; escuelas de música y danza; actividades escolares municipales y de animación sociocultural. Políticas de igualdad y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Oficinas de Información al Consumidor (OIC) y para rematar faena, tampoco habrá competencias en los Servicios de Orientación Laboral y Formación para el Empleo.
Lo sé. Alguien dirá que algunas competencias, caso de los servicios sociales, pasarán a depender de la comunidad autónoma, pero esa no es la solución o, de ser, lo es tan solo a medias. Y no lo es simplemente por el hecho de que tanto si dependen de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas, los servicios deben ofrecerse con suficientes garantías de atención y calidad para que las personas dependientes del servicio a quienes se trata de reinsertar socialmente o procurarles algún tipo de ayuda para desarrollarse bien profesional o formativamente, no se vean desplazadas u obligadas a iniciar un nuevo expediente, tal vez por las diferencias existentes entre las metodologías que utilizan los ayuntamientos y las que emplean las comunidades autónomas. Sea como sea, lo que queda claro es que los recortes van a estar presentes y lo que se lleva a cabo de manera encubierta, no es otra cosa que la retirada progresiva de competencias a los ayuntamientos.
¿Y que subyace en torno a esta Ley de Reforma de la Administración Local? En el movimiento vecinal lo tenemos muy claro, sobre todo en lo que respecta a los pequeños y medianos ayuntamientos. El objetivo no es otro que obligarles de manera indirecta a crear una mancomunidad de servicios para poder hacer frente a sus necesidades ante la falta de una financiación adecuada, propiciando con ello, que se culmine progresivamente en una fusión de ayuntamientos que por cercanía tengan las mismas o parecidas características, lo que podría suponer en un primer momento alguna reticencia de carácter político y social ya que ello supondría reducir un buen número de ayuntamientos a costa de la desaparición de muchos de ellos.
En las cuencas hemos tenido ya esa experiencia con el denominado "conceyón" en los siglos XVIII y XIX, que formaban Mieres, Aller y Pola de Lena y que no estamos muy lejos de reeditar en un contexto social completamente diferente al de aquella época. Todo depende de la voluntad política existente para dar marcha atrás a la reforma de una Ley que a excepción de unos pocos, a nadie gusta.
Lo que está claro es que todos, vecinos, ayuntamientos, colectivos sociales? vamos a perder una gran parte de la calidad de vida que conseguimos, a base de reivindicar, negociar y desarrollar proyectos conjuntos que han servido para garantizar una adecuada atención al ciudadano y que lamentablemente veremos desaparecer en un suspiro.
Desde el movimiento vecinal, somos conscientes de la necesidad de una reforma, pero siempre y cuando la misma respete los servicios a la ciudadanía y recoja los derechos sociales que debe guardar. Entonces y solo entonces, podremos estar de acuerdo con una Ley que tal vez todos deseamos desarrollar, pero desde el entendimiento, desde el consenso, desde la colaboración y la participación ciudadana, más que nada porque a nadie se le escapa que la administración local es la más cercana al ciudadano y la que ha de transmitir sus reivindicaciones a todas las demás.
Mientras esos condicionantes no se den, los vecinos no podremos defender una reforma que lejos de beneficiar perjudica y daña nuestros derechos de una forma brutal, repercutiendo negativamente en la vida social, educativa, formativa y laboral haciéndonos sentir en un estado de indefensión total.
Somos conscientes de las necesidades, de los problemas por los que atraviesa la Administración, pero de la misma manera, reivindicamos unos ayuntamientos donde los servicios y las competencias, estén al servicio de los ciudadanos y no al revés; reivindicamos unos ayuntamientos con voz propia y con una financiación adecuada que cubra sus necesidades reales, a la vez que una política municipal donde la participación de la ciudadanía se tome en consideración a la hora de decidir sobre las acciones a desarrollar en los diferentes pueblos y barrios de cada concejo, siempre y cuando las mismas afecten al desarrollo de la comunidad vecinal.
Desde esta perspectiva, creemos que antes de aplicar la Ley, se deben valorar nuestros planteamientos reconsiderando su entrada en vigor hasta conseguir el consenso necesario para la consecución de una Ley de Administración Local realmente justa y beneficiosa para todos.
De no ser así, nos estaremos enfrentando a un verdadero estado del caos.
