Sin quitar un ápice de importancia a los actos violentos contra la infancia, que desde sectores se cometen contra ella, quisiera centrarme en el desgraciadamente repetido abuso y acoso sexual que el niño y la niña sufre por parte del colectivo adulto. Entre ese colectivo está el de enseñantes, donde desgraciadamente están apareciendo casos execrables hacia alumnos y alumnas.
Hacia él se dirige el actual gobierno del Principado de Asturias, mediante la resolución de la dirección general de Personal Docente que aplica las modificaciones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. La infancia, es el colectivo más vulnerable, tanto en España como en el mundo. Situaciones y ejemplos harían muy larga la enumeración. Sean pues bienvenidas las modificaciones si con ellas se favorece a la niña y al niño.
La norma estatal modificada establece, entre otros, un nuevo requisito que afecta a todos los colectivos profesionales que tengan trato habitual con menores en el ejercicio de su labor: presentar un certificado que acredite no estar incluido en el Registro de Delincuentes Sexuales. Ello implica al personal que aspira a tratar con la infancia en el marco de la administración. De momento, se ha puesto el foco sobre la educación y el cuerpo de los y las docentes, tal certificado no será exclusivo de Asturias ya que en el País Vasco, se solicitará a partir de las oposiciones anunciadas para junio, mientras que en Cataluña ya se ha puesto en funcionamiento. La Junta de Personal Docente de Asturias ha informado por boca de su presidenta, Emma Rodríguez, que este requisito "no puede servir para criminalizar a todo un colectivo". E insistió: "No se puede focalizar un problema social en un colectivo, y no se puede cuestionar nuestro buen hacer y nuestra honorabilidad por una lacra que tenemos que contribuir entre todos a eliminar".
A mí juicio la posición de la Junta Personal Docente está cargada de razones. Seguro que desde la administración educativa asturiana no se pretende "criminalizar" al colectivo docente. Sin embargo, se comprende mal que un problema tan grave se pueda paliar o minimizarse, con la carga, en este caso, a un sector profesional que no es precisamente el que tiene en su haber más casos de acoso sexual a la infancia, si se le compara, con otros colectivos que están en la mente de quien quiera seguir los escándalos sobre el particular que últimamente afectan a una determinada institución, unos supuestos, otros reales y que quedan en su mayoría en la más absoluta impunidad. Siendo el abuso y acoso sexual a menores, un grave problema social y que no se debe ni tiene que circunscribir a un solo sector en el que los adultos tengan poder hacia el niño o la niña, debería ser tratado de manera menos hiriente y gravosa hacia colectivos que tratan con la infancia. En el caso que me ocupa el de docentes. Es un tema que afecta tanto a familias (sector que no está exento de esos abusos sexuales a hijos e hijas) como a docentes, sin olvidar el colectivo sanitario y otros. Por eso son muchas y variadas las estrategias que se proponen y que están en práctica. Solo destacaré algunas de ellas: concienciar de la existencia de los abusos sexuales a menores, de la magnitud de su frecuencia, de los sentimientos por los que pasan los niños y niñas abusadas y de las consecuencias tan graves que pueden manifestarse a largo plazo; romper el silencio que oculta este grave problema y que afecta a un alto porcentaje de niños y niñas. Sensibilizar a todas las personas que están en contacto con la infancia y darles un conocimiento general práctico para que puedan aprender a defenderles, a detectar si han sido abusados y a saber cómo actuar si sucede. Reconocer situaciones de maltrato infantil, en las conductas paternas de maltrato físico o emocional, como en las de los profesionales que traten con niñas y niños. Denunciar aquellas situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer. Obviamente, persecución y condena de los casos de violencia a niñas y niños.
No solo la ley es necesaria, hay que poner desde la administración, en este caso educativa, medios y herramientas en la formación del profesorado y colaborar con las AMPAS (asociaciones de padres y madres) para desarrollar una real prevención de tal lacra social.
