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Vicealcalde de Mieres

Apóstoles de la catástrofe

Sobre el "Montorazo" y la actitud del PP de Mieres con las pretensiones del Gobierno central

En democracia, los grupos de la oposición deben controlar la labor del gobierno. Es una función vital para el correcto funcionamiento del sistema político y, al mismo tiempo, es un potente estímulo para mejorar la acción de gobierno. Por desgracia, en Mieres, son incapaces de superar la ley del mínimo esfuerzo y se limitan a aplicar el manual de la "oposición de la catástrofe", que se resume en tres palabras: todo va mal.

Últimamente han encontrado su particular "piedra filosofal" en la falta de presupuesto, ahora todos los problemas tienen aquí su particular centro de gravedad. Ni el paro, ni la grave situación de muchas familias que hacen milagros para llegar a fin de mes o las necesidades de las personas mayores que, como las viudas que viven solas, obligan a replantearse algunos de los servicios públicos forman parte de las principales preocupaciones de los grupos de la oposición. Por no hablar del reguero de promesas incumplidas que el resto de administraciones han dejado en el municipio. Ellos prefieren dedicar sus energías a poner palos en las ruedas y aplican un principio básico: que la realidad no estropee un buen titular.

Para su desgracia, frente a los apóstoles de la catástrofe están los datos: en 2015 el Ayuntamiento de Mieres ha sido capaz de generar un remanente de tesorería (un indicador que mide la solvencia de la gestión económica de una administración) de más de 600.000 euros. Es decir, el gobierno hace los deberes y poco a poco va logrando cuadrar las cuentas. Sin embargo la buena gestión no puede traducirse en nuevas inversiones en el concejo porque Montoro obliga por ley que los Ayuntamientos lo dediquen íntegramente a pagar a los bancos.

La oposición olvida que Mieres no ha tenido presupuesto en los últimos años porque hemos estado sometidos a una economía de guerra, primero para evitar la quiebra y luego como consecuencia de la intervención, "manu militari", que Montoro impuso a los Ayuntamientos mediante brutales planes de ajuste con los que intentó convertirlos en cabezas de turco de los excesos para evitar que la opinión pública se fijara en los verdaderos culpables: Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Camps en Valencia o la gestión de Blesa y Rodrigo Rato en Caja Madrid, por citar sólo tres ejemplos.

No tuvimos presupuesto pero hicimos los deberes pese a los estrechos márgenes que dejaban las leyes del PP. En los cinco años que llevamos al frente del gobierno, el Ayuntamiento de Mieres ha reducido la deuda, ha afrontado numerosas y millonarias sentencias judiciales arrastradas del pasado y ha sido capaz de dejar de coleccionar facturas en los cajones para ser uno de los ayuntamientos que paga más rápido sus proveedores (otro indicador de solvencia en la gestión). Y todo ello sin recurrir a la hoja de ruta que diseñó el ministerio de Montoro: despidos masivos y privatizaciones generalizadas como solución universal para reducir costes y pagar la deuda.

Como todo el mundo sabe, gobernar un ayuntamiento como el de Mieres no es sencillo: tenemos una estructura municipal que se ha quedado anacrónica, cada vez hay más necesidades en el concejo y menos recursos para afrontarlas, y el municipio ha experimentado una importante transformación demográfica que se resume en pérdida de población y un notable envejecimiento que supone un mayor reto para los sistemas públicos de salud o bienestar social.

Necesitamos inversiones importantes para poder acometer actuaciones tan básicas como pendientes desde hace años, impulsar la creación de empleo y diversificar nuestro sistema productivo o aprovechar el importante patrimonio industrial y minero para configurar una oferta única en Europa. El drama de Mieres es que siempre que hemos picado a la puerta de otras administraciones nos hemos encontrado con el silencio por respuesta o un portazo en las narices.

En este contexto, los grupos de la oposición prefieren instalarse en el regarte corto a remangarse y trabajar por el futuro del municipio, arrimando el hombro cuando se necesita. El PP de Mieres ha desaprovechado una ocasión de oro para demostrar su compromiso con los vecinos tras el "Montorazo": en vez de levantar el teléfono y conseguir que el ministerio rectifique su amenaza de cierre unilateral de Emutsa, no han dudado en pretender intentar justificar lo injustificable. Y, de nuevo, han exhibido argumentos tan pobres como contradictorios: los mismos que llevaban en su programa electoral la privatización de Emutsa ahora defienden su continuidad; los mismos que aprueban en Madrid el recorte de los sueldos a todos los empleados públicos, en Mieres los critican; los mismos que imponen el despido libre y los recortes en escuelas y hospitales, en Mieres se transforman en defensores sin ni tan siquiera sonrojarse. El PP ha hecho de la contradicción permanente su particular "modus operandi".

Dicen defender y trabajar por el municipio pero con el Gobierno del Estado en manos de su partido, la construcción del Cuartel de la Guardia Civil va camino superar a las obras del Escorial; los fondos mineros son la nueva versión del cuento de la buena pipa; el compromiso de empresas como Hunosa está siempre a la cuarta pregunta o actuaciones que no deberían generar mayores dificultades, como la barrera antirruido para la autopista, parecen sueños fuera del alcance de nuestro concejo. Con semejante hoja de servicios, las 'lecciones' del PP parecen más bien chistes de mal gusto cuando no una auténtica ópera bufa.

Frente a los apóstoles de la catástrofe volvamos a los datos: desde 2011, cuando IU llegó a la alcaldía, el déficit de Emutsa se ha reducido casi un 40% pese a que cada vez hay menos viajeros (como consecuencia de la crisis, el aumento del paro y la pérdida de población) y el balance de 2015 constituye la mejor gestión económica de la empresa en los últimos diez años. Otro dato: conviene recordar la contribución del Gobierno de Rajoy para Emutsa: 96.200 euros, el 5,5% del gasto anual de la empresa.

Dice el PP que prestar el servicio de transporte público no es una obligación en los municipios de menos de 50.000 habitantes, y lleva razón. Como tampoco tendríamos la obligación de mantener en funcionamiento la Escuela de 0-3 años o la Escuela de Música. Pero para el gobierno de Mieres eso no es una excusa para cerrar Emutsa o dejar de prestar estos servicios. Una cosa son las obligaciones legales y otra las prioridades políticas, y la nuestra es mejorar las condiciones de vida de las vecinas y vecinos hasta donde nos permitan los márgenes del Ayuntamiento, tengamos la obligación de prestarlos o no.

Nosotros hemos obtenido la confianza mayoritaria de la ciudadanía para cambiar las cosas no para comulgar con ruedas de molino. Este gobierno está consiguiendo algunos avances, es evidente que no todos los que le gustaría, pero no escatimaremos esfuerzos para que, en los tres años que quedan de legislatura, podamos rendir cuentas a los vecinos sin tener que esconder la mirada. Hemos adquirido unos compromisos con la ciudadanía y vamos a cumplirlos.

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