Decir que la ideología neoliberal, la realmente existente, impregna y hegemoniza consensos entre la población, la cual asume más temprano que tarde situaciones que antes no admitiría, no es exagerado; consensos que deberían de tenerse en cuenta a la hora de valorar actuaciones encaminadas a mejorar situaciones y acciones desde la administración pública. Una, entre otras, sería la externalización de los servicios públicos, implicando con ello a sectores del trabajo y a la población afectada, en los intereses de la privatización. Una situación, que enmarcada en el discurso de la supuesta ineficacia de lo público y adobada con la austeridad que la crisis generó y genera, transfiere al sector privado la gestión de importantes servicios públicos.
Los ayuntamientos no se han librado de tal proceso, concediendo la externalización de numerosas áreas de gestión municipal, como el abastecimiento de aguas, la limpieza viaria o la recogida de residuos urbanos, por mencionar sólo algunas. Son muchos los ayuntamientos que han creado plataformas para volver a recuperar los servicios que una vez fueron públicos y que ahora están en manos privadas. El ayuntamiento de Langreo, es uno de los que tiene el servicio de aguas en manos privadas. El alcalde y la concejalía responsable han informado exhaustivamente en convocatoria pública, que en su día hicieron, sobre el tema. Parece, que a partir de ese día, se está moviendo la posibilidad de formar una plataforma que devuelva este servicio a la gestión pública.
Esta tendencia proclive a la gestión pública, viene auspiciada por estudios que evidencian sus ventajas en términos de eficacia, calidad y costes de los servicios prestados. Existiendo una conciencia cada vez más clara de los beneficios asociados a la gestión directa de los servicios municipales; observando, por otra parte, importantes sobrecostes y una peor calidad de los servicios privatizados.
No obstante, la remunicipalización de estos servicios básicos se enfrenta a dificultades que son conocidas tanto por los responsables políticos, como por los sindicatos; dificultades no menores que limitan o restringen el margen de actuación de los ayuntamientos. Las concernientes al presupuesto, parecen las más evidentes y complejas de solución. Sin olvidar las dificultades laborales relacionadas con la integración, en el ámbito de la administración, de las personas afectadas. Muchas son las preguntas y mucha la incertidumbre que rodea a esta cuestión y en muchos casos provoca la oposición de los involucrados a la remunicipalización del servicio, pudiendo llegar a frustrar el éxito de la misma.
Diferentes autoridades en la materia se han manifestado sobre este espinoso tema; muchas son las opiniones vertidas. Menciono una que me parece de las más acertadas entre las leídas. Es la del profesor Héctor Illescas, el cual se refiere a la que entiendo crucial y determinante; es la que trataría de las dificultades laborales, sobre ellas dice que "...puede afirmarse con carácter general que la remunicipalización de los servicios públicos conlleva la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa; (...) los trabajadores afectados conservan las condiciones laborales que disfrutaban con anterioridad (salarios, tiempo de trabajo, etc.) y continúan incluidos en el ámbito de aplicación del convenio colectivo de origen hasta la fecha de su expiración o hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio que resulte aplicable (...)".
Continúa comentando que "(...) es muy probable que la integración de los trabajadores en la esfera administrativa se acabe efectuando mediante la fórmula del trabajador indefinido no fijo, un concepto de origen jurisprudencial (...). Ciertamente, existen formas de gestión directa que, aun formando parte del sector público, posibilitan el recurso a la contratación laboral ordinaria sin necesidad de acudir a esta figura jurídica (...) Sin embargo, las limitaciones contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en orden a la contratación de personal hacen prácticamente imposible la consolidación de las plazas y abocan, también en este caso, a una solución igual o similar a la del indefinido no fijo".
Lo que sí parece claro es que la remunicipalización de los servicios públicos debería orientarse a garantizar la estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras afectadas, lo que lleva aparejada la reflexión sobre la intervención de los sindicatos en este tipo de procesos. Es incuestionable que las organizaciones sindicales tienen que participar en la remunicipalización, contribuyendo, así, a la democratización del servicio
En este contexto difícil y complejo de la remunicipalización de los servicios públicos se plantean diferentes desafíos de orden laboral y presupuestario, pero hay alternativas que permiten avanzar hacia un nuevo modelo de gestión municipal que debería de paliar las excusas que dejan sin solución los importantes servicios que tendrían que ser públicos y no, como actualmente, en manos privadas. Es el desafío en muchos ayuntamientos del "cambio", que coge de lleno al gobierno municipal de Langreo. Esperamos.
