En los primeros años de la dictadura, las reivindicaciones obreras apenas tuvieron un deliberado carácter político. Primaba entonces la supervivencia. Otra cosa es que las protestas se politizaran casi inevitablemente en aquellos tiempos difíciles.
En ese contexto, el 9 de marzo de 1957 se iniciaba en el pozo María Luisa (que ya es historia) la huelga más importante de la minería asturiana desde la implantación del franquismo. Es conocida como la huelga del "guaje" (ayudante de picadores), cuya plantilla había sido reducida ostensiblemente. Y rebajadas, en general, ciertas remuneraciones establecidas. Como protesta, los picadores no extrajeron ese día ni una sola piedra de carbón.
A medida que se agravaba la situación, entraban en escena nuevos protagonistas con visiones del conflicto notoriamente dispares. Una prueba de que el régimen no era tan monolítico como se trataba de presentar.
El 21 de marzo, los obreros deciden encerrarse en el interior de la mina. La empresa se aviene de inmediato a dialogar. Y tras veinticuatro horas de negociaciones, los mineros abandonan el encierro al prometerles la dirección de Duro Felguera una mejora de las retribuciones. Y que no habría represaliados.
Sin embargo, cuatro días más tarde se rescinden los contratos laborales; y el gobernador civil, Francisco Labadie Otermín, ordena la militarización de la mina: se privaba, entre otras cosas, de la exención del servicio militar a los jóvenes mineros que gozaban de ese beneficio.
Al parecer, la orden molestó a los militares, pues se les asignaba una misión que excedía a sus atribuciones.
El día 26, los mineros siguen resistiendo en unas condiciones muy precarias, heroicas. Sin mantas, alimentos, ni noticias del exterior. La huelga se extiende ahora a otras explotaciones próximas, circunstancia que las autoridades franquistas habían tratado de evitar por todos los medios.
Fue entonces cuando el temido ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, decretó que la policía bajara a la mina para sacar a los encerrados por la fuerza. Afortunadamente, la orden no se llevó a cabo, evitándose una posible tragedia. Si bien la tensión fuera de la mina era creciente. Según "El Socialista", "la explanada y los accesos al pozo se habían convertido en un campamento militar: tricornios y uniformes llenaban el ambiente de una muda y mal reprimida indignación".
Efectivamente, en apoyo de los encerrados se movilizaron buen número de vecinos, sobre todo mujeres, familiares y amigos de los mineros, que se concentraban todos los días delante del pozo y en las zonas próximas, produciéndose frecuentes y violentos choques con la fuerza pública, lo que no fue obstáculo para que los manifestantes llegaran incluso a cortar el tráfico por carretera durante algunas horas.
Asimismo, los párrocos de Ciaño y Sama, Amalio Antuña y Dimas Camporro, se solidarizaron públicamente con los mineros, cuyas reclamaciones consideraban "muy justas".
El día 29, los encerrados dieron por terminada la huelga sin haber conseguido ninguna de sus reivindicaciones. Salieron en unas condiciones lamentables. Y para evitar que los ánimos se exacerbaran aún más, guardias civiles y policías impidieron a los familiares cualquier aproximación a los mineros.
Teniendo en cuenta otros precedentes, hubo cierta lenidad en las condenas a varios de los huelguistas. El historiador Miguel Ángel González Muñiz escribió al respecto que "en los juicios de represalia, los militares basaron su defensa en la difícil e injusta situación en que vivían los trabajadores de la mina".
Con la huelga de María Luisa se iniciaba un largo ciclo de luchas mineras en las Cuencas. Se resaltaron con frecuencia sus aspectos más épicos en detrimento de un razonable pragmatismo. De un pragmatismo negociador tendente a transformar las bases socioeconómicas de unos territorios en declive cuyo futuro inmediato tal vez ya no dependa tanto del azar de la lucha.
