En la comparecencia del pasado 13 de diciembre de 2016, en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, informó que las líneas fundamentales de la política energética española se orientarán al cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de París sobre el clima y dio la bienvenida al llamado "paquete de invierno" de la Comisión europea titulado "Energía limpia para todos los europeos" a lo que damos nuestra bienvenida y además celebramos que el Ministro se preocupe por el "Cost-efficiency", es decir, por lo que va a costar a los consumidores alcanzar estos objetivos.
El Ministro de Energía propone como estrategias para alcanzar los objetivos la mejora de la eficiencia energética y la potenciación de las energías procedentes de fuentes renovables. En este último caso con medidas de gran impacto, como es el desarrollo de 3.000 MW de capacidad de generación eléctrica renovable.
Álvaro Nadal condiciona la política energética a la del clima y pasa de lado por el objetivo fundamental de toda política energética, como es la seguridad del abastecimiento. Además, a pesar de las buenas intenciones sobre el "cost-efficiency", las estrategias que propone pueden hacer un daño importante a la competitividad económica al reemplazar fuentes de generación predecibles y limpias por otras no gestionables y costosas.
En cuanto a la seguridad del aprovisionamiento, el Ministro debe recordar que este objetivo básico es uno de los pilares fundamentales de la "Unión de la Energía" sobre el que la Comisión publicó el 28 de mayo de 2014 la Comunicación COM (2014) 330 final y sus principios están en pleno vigor y recomendamos especialmente el punto 5: "Incrementar la producción de energía en la Unión Europea", no solamente de las energías renovables sino también de los hidrocarburos y el "carbón limpio". El ministro Nadal debe tener también en consideración otro pilar fundamental de la "Unión de la energía", como es el "Nuevo pacto con los consumidores europeos" a los que la Comisión propone "dar poder" (empowering consumers") en su Comunicación COM (2015) 339 final del 15.7.2015.
Refiriéndonos ahora al importante tema de la competitividad de la economía, el Ministro de Energía señala con acierto que el sector eléctrico español está penalizado por unos "cargos" de 10.000 millones de euros al año, de los que de 6.500 millones a 7.000 millones son de apoyo a las energías renovables, que tenemos que ir pagando en el recibo de todos los españoles y que además tenemos una deuda financiera que superó los 26.000 millones y que llegó casi a 30.000 millones de euros, cuya amortización se va a estar realizando en los próximos quince años y como bien informó, estos cargos y deudas han sido motivados por la prematura instalación de un sistema de renovables en la década pasada.
España tenía un sistema de generación sostenible y competitivo antes de la "transición energética" realizada en la primera década del siglo, en el que la generación con carbón, autóctono e importado, contribuía a la diversificación de fuentes y tecnologías.
Lo que no tiene sentido es que en este momento se proponga desarrollar 3.000 MW de capacidad eléctrica con tecnología renovable y que al mismo tiempo se conviertan en chatarra instalaciones de generación térmica dotadas o con posibilidad de dotarse (con una reducida inversión) de las mejores tecnologías disponibles en materia de contaminación. En los albores de la recuperación de la dolorosa crisis económica y de empleo que ha tenido España no tiene sentido substituir centrales térmicas eficientes por sistemas de generación renovable, cuyo coste global para el consumidor es mucho más elevado.
También el Ministro ha expuesto muy claramente las particularidades del sistema eléctrico español, con una capacidad de interconexión reducida y además ha expuesto que no podemos aventurarnos en "supuestos tecnológicos" aun no demostrados como es el almacenamiento de la electricidad en las baterías y sistemas 100% renovables. La electricidad generada con tecnología solar o eólica depende de la meteorología y la información que nos da Red Eléctrica en los días del prolongado anticiclón de finales de 2016 y principios de 2017 sobre el grado de utilización del parque eólico español es que varía entre el 5% y el 10%, con lo que la contribución a la cobertura de la demanda es del mismo orden. La tecnología solar fotovoltaica, a pesar de costarnos más de 2.000 millones de euros al año en primas y subvenciones, cubre el 2% de la demanda. Como es bien sabido, para que el sistema renovable pueda funcionar, es preciso el "respaldo" de las instalaciones convencionales térmicas. Estas mismas instalaciones son las que actualmente responden solidariamente a la demanda de nuestro vecina Francia, donde las centrales nucleares han debido de iniciar un proceso de revisión por mandato de su Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Se imaginan qué ocurriría si hubiera que realizar en España una revisión del parque nuclear como la que se está llevando a cabo en Francia?
Como ejemplo la central térmica de Compostilla, por sí sola, es capaz de generar de manera predecible y a un coste competitivo, más energía eléctrica que los 3.000 MW de capacidad renovable que se pretende sacar a subasta. Si añadimos otras centrales termoeléctricas del interior, duplicamos de forma predecible la cobertura de la demanda. Quiero recordar que el coste de acceso (parte regulada) de la factura eléctrica antes de impuestos, se ha duplicado entre 2010 y 2016, la razón, como ha explicado el Ministro, son los "cargos", las anualidades del déficit de tarifa y el aumento de los costes del mantenimiento de la generación térmica para actuar como "respaldo" de la electricidad renovable. El mantenimiento en España de la capacidad de generación térmica durante varios años es necesario para reducir los citados "cargos" y amortizar cuanto antes el enorme déficit del sistema eléctrico.
España ha hecho un gran servicio a Europa al acelerar el desarrollo de la curva de aprendizaje de las energías solar y eólica. El Ministro citó en su intervención que el coste, o al menos la retribución, del Mw-h generado con tecnología fotovoltaica era de 490 euros en el año 2007 y que en 2016 se acerca a 60 euros/Mw-h. Pero al ser tecnologías de fuerte inversión, tenemos que seguir pagando todos los españoles lo que se instaló de manera imprudente. España, con su aportación ha reducido los costes de inversión en renovables del resto de Europa y por lo tanto tiene razones más que suficientes para exigir una reducción de los objetivos del 20% de participación de las renovables en el consumo final de energía y del objetivo de reducción de GEI (gas de efecto invernadero ). El artículo 194 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite hacer esta solicitud, ya que España tiene competencias exclusivas en la explotación de sus recursos energéticos y en la elección de su "mix" energético. Ello quiere decir que la UE no puede imponer a España un determinado porcentaje de energía de origen renovable, como tampoco le puede obligar a cerrar sus explotaciones de carbón.
Las centrales termoeléctricas del interior de la península que han sido emplazadas y diseñadas para consumir carbón autóctono, deben de continuar durante un tiempo hasta que el sector eléctrico recobre su competitividad. Las empresas del carbón que alimentan estas centrales han realizado un gran esfuerzo para alcanzar la competitividad económica. Hoy en día, la electricidad generada en España con carbón autóctono contribuye a la competitividad general de la economía, si se tiene en cuenta el empleo que se mantiene en regiones alejadas de los polos de desarrollo, la balanza exterior, la seguridad del abastecimiento y otros factores que deben ponderarse en un análisis riguroso.
Señor Nadal lo que el binomio carbón autóctono-central térmica requiere es que el Gobierno de España introduzca una Obligación de Servicio Público (OSP) que está permitida por la Directiva nº 2009/72/CE y por la Ley del sector Eléctrico que la transpone. España puede introducir una OSP compatible con la legislación comunitaria y que además no constituya ayuda de estado, sin más que cumpla el 4º criterio del caso Altmark, tal como se deduce de la decisión de la CE sobre la ayuda estatal N-178/2010. Lo que requiere el carbón autóctono es certeza de que va a ser consumido y un sistema de precios que le proteja de las fluctuaciones del precio "spot" en el mercado internacional.
Se requiere solamente voluntad política para superar el "lobby" renovable y el "lobby" populista que soporta la "Transición al nuevo modelo energético", que no quiere tener en cuenta el coste que para el consumidor doméstico y para la industria representa una transición imprudente motivada por los beneficios económicos de unos y las ideologías al uso de otros.
Las centrales térmicas españolas cumplen o pueden cumplir con reducida inversión las normas más estrictas sobre contaminación ambiental. Responden al principio que lanzó la C.E. a finales de los años 1980 "Coal can be Green". Además pueden incorporar fuentes renovables mediante co-combustión con biomasa y residuos orgánicos, disponiendo de las instalaciones de CIUDEN para realizar los ensayos necesarios. Son objeto de un mercado de permisos de emisión de CO2 que cubre los costes externos climáticos y reporta ingresos al Estado. España es responsable de menos del 1% de las emisiones de CO2 del mundo y el carbón que se produce en España contribuye en menos del 0,01%. ¿Como puede alguien decir, si no es por ignorancia o mala fe, que el carbón que se produce y consume en España es un responsable significativo de las emisiones de CO2 y que se van a cargar el planeta tierra? Como bien sabe el ministro Nadal, donde hay que tomar medidas eficientes es en el transporte, en introducir la movilidad sostenible en las ciudades y en mejorar la eficiencia energética de los edificios, entre otras, porque las mismas mejoran además la calidad del aire y de los ciudadanos que lo respiran.
Estamos desde UGT-FICA a favor de las políticas medioambientales positivas y de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, pero consideramos que deben aplicarse de manera racional y en el momento oportuno. Consideramos que de tales medidas pueden resultar avances tecnológicos que a su vez sean fuente de actividad y empleo. España ha logrado el liderazgo en varias tecnologías renovables, lo que le ha permitido desarrollar una industria exportadora, que debe continuar. Pero la implantación de estas nuevas tecnologías en nuestro propio país debe realizarse sin destruir aquello de que disponemos y que todavía es muy útil para la competitividad general de nuestra economía.
Si el Ministerio decide desarrollar a corto plazo 3.000 MW de capacidad de generación eléctrica renovable, seria necesario que previamente realicen y se permita discutir un estudio sobre el impacto socioeconómico y medioambiental de esta decisión comparada con la de mantener hasta el final de su vida técnica las centrales termoeléctricas de interior alimentadas con carbón autóctono
Y no puedo finalizar sin recordar que todo esto y lo ya firmado en su día en el año 2013 solo se puede llevar a efecto con voluntad política.
