Desde hace cuatro años pesaba sobre él una orden de expulsión del territorio nacional, orden incumplida de una parte y no ejecutada de otra. En resumidas cuentas el imán de Ripoll, instigador de los atentados del pasado jueves, 17, y aleccionador y lava cerebros de los terroristas que en ellos participaron, debería de estar fuera España una vez dictada la orden, bien de forma voluntaria, bien obligada. Sin embargo permaneció en nuestro país conspirando y reclutando a jóvenes que, en un principio, estaban integrados pero que acabaron con el cerebro corrompido en un procedimiento medido y bien planificado por la Yihad. Un primer fallo de los responsables de la Justicia que inmediatamente deberían de haber cursado la oportuna ejecutoria.
Por otro lado, más de cien bombonas de butano que fueron suministradas en el chalet que explotó la semana anterior, cuanto menos deberían de haber despertado alguna sospecha en el butanero que debería de haber informado a las autoridades policiales, máxime teniendo en cuenta la fisonomía y el aspecto de sus clientes. Son demasiadas bombonas para cocinar y ducharse, como también son demasiadas para manipularlas e introducirlas en vehículos que, sin duda, habrían provocado resultados mucho más devastadores y trágicos que los que al final consiguieron.
Todo ello nos hace pensar que, pese a que nuestros cuerpos antiterrorista son de los mejores del mundo y que precisamente en España es donde más células yihadistas se han desarticulado, sería necesario revisar métodos, arbitrar nuevos protocolos, concienciar aún más a todos los ciudadanos de que nadie está libre de ser asesinado por alguno de estos malnacidos y, en definitiva, abundar en las tareas de vigilancia sobre todo aquél y aquello que pueda inducir a la mínima sospecha, porque piensen ustedes que el camión del butano pudo llegar a causar en distintos puntos de Cataluña una tragedia superior a la de Madrid.
