La firma del President de la Generalitat de la convocatoria de elecciones autonómicas (y plebiscitarias) del 27 -S implica que el conflicto entre el Gobierno de la nación y el catalán ha entrado en una etapa decisiva de imprevisibles consecuencias para Cataluña y también para España; debido a la política nada inteligente del "y tú más" y el temible "choque de trenes" fomentado por Mariano Rajoy y Artur Mas. Su forma de proceder es impropia de unos verdaderos estadistas políticos con visión de Estado (prescindiendo de los intereses de partido); por lo que, a mi entender, ambos deberían ser responsables a partes iguales de este enorme despropósito que puede perjudicar a todos los españoles.
A lo que de entrada se limitaba a un problema solo económico (Artur Mas pidió el pacto fiscal de Cataluña con el Gobierno central que Pujol había desestimado en 1978), le siguió un problema político (impugnación del Partido Popular de la reforma del Estatut de Catalunya ante el Tribunal Constitucional) y, a su vez, un problema social (fractura de la sociedad catalana en tres sectores -unionista, federalista e independentista- ligado al indeseable divorcio de los catalanistas con el resto de la sociedad española; la cual es incapaz de comprender esta "movida" independentista y la contempla con disgusto, recelo, acritud o resentimiento hasta llegar a la indiferencia por cansancio.
En síntesis, Rajoy ha mantenido a ultranza su política fiscal de café para todos (cuando Navarra y el País Vasco sí gozan de esta singularidad) mientras que, por otro lado, Mas ha actuado con una enorme torpeza política al empeñarse a negociar el tema fiscal con el actual Gobierno (tarea del todo estéril), sin esperar a otro posible Gobierno surgido de las próximas elecciones nacionales (diciembre del 2015) que fuera más sensible a sus demandas económicas y políticas; incluyendo una reforma de la Constitución para dotar al país de una estructura federal (tal como defienden varios partidos del actual marco político) que proporcionaría la plena y real autonomía de los diversos pueblos que constituyen España, aunque manteniendo siempre su unidad como Estado.
En dicho sentido, las recientes declaraciones televisivas del Ministro de Justicia y del propio Rajoy (sobre la modificación constitucional de competencias entre el Estado y las Autonomías) no deberían ser consideradas como valorables dado que solo parecen un gesto preelectoral del Partido Popular para mantener su intención de voto.
Sin embargo, Mas es un político hipotecado en manos de los independentistas radicales de Esquerra Republicana (Oriol Junqueras), la CUP, Asamblea Nacional de Catalunya (Carme Forcadell) y Omnium Cultural (Muriel Casals); lo que le ha conducido al cisma de Convergencia i Unió (coalición vigente durante décadas) , ya que Unió Democrática rechaza el independentismo como fórmula para resolver los problemas de Cataluña, si bien solicita reformas substanciales logradas con la negociación dentro de la legalidad. Actualmente, el partido de Durán i Lleida y su delfín Ramón Espadaler (que representa a la clase media democristiana catalana y su tradicional "seny") se considera el único interlocutor válido entre Cataluña y el Gobierno de España (El Periódico, 22-7-2015).
Acto seguido, me pregunto: ¿qué piensa la sociedad catalana hoy día? ¿Ha perdido el catalanismo su componente de españolidad? ¿Está justificado este distanciamiento?
Durante mis recientes vacaciones en la Costa Daurada(Tarragona), he tenido ocasión de percibir la presión mediática de la prensa, radio y televisión sobre el tema secesionista. En ese contexto, destaca TV-3 y Canal 8 en sus tertulias políticas con periodistas afines, a pesar de que su cuota de pantalla sea del 20% (mientras la televisión de ámbito estatal llega al 50%). Así, el Canal 8 ofrece un programa diario de tres horas donde se entrevistan a los dirigentes políticos de la coalición "Junts per el sí", bajo dirección de un periodista catalán famoso por su pomposa forma de transmitir las noticias (más que hablar, parece arengar); mientras escasean las voces que defienden permanecer en España y se eluden las noticias procedentes de la "meseta", constituyendo una sesgada burbuja informativa.
Más aún, en un libro de Xavier Sala i Martí, catedrático de Economía de la Columbia University, en New York, se presenta un estudio de la situación económica de Cataluña dentro de España y una previsión optimista de la misma tras la declaración de secesión.
Así, no resulta extraño que un sector de la audiencia catalana crea que la secesión sea la única solución a sus problemas: tasa de paro del 20% ; carestía de vida (30% más que Extremadura); balanza fiscal desajustada (tercera autonomía en aportar al Estado y 14º en recibir), mientras Asturias sale equilibrada (6º en aportar y 4º en recibir) y Madrid es la peor tratada (1ª en aportar y 15º en recibir) (El Periódico 21, 24-7-2015) ; carencias en Sanidad y Ley de Dependencia; inmigración y corrupción política (incluida la catalana)...
Sin embargo, otro sector importante pero silencioso de la población catalana es realista y desea permanecer en España dado que, aparte de los innegables vínculos históricos, es excéptico de las consecuencias económicas que para Cataluña tendría la secesión, con su salida de la Unión Europea y del euro. Así, varias empresas asentadas en territorio catalán ya han afirmado que, en tal caso, emigrarían a territorios más estables para su actividad.
¿Qué puede pasar el 27-S? Si gana el no y el sector secesionista acepta el resultado de las urnas, el Partido Popular puede salir muy reforzado del envite y ganar las elecciones generales. Sin embargo, una victoria del sí (con más de los 68 diputados deseados por Mas) implicará una declaración unilateral de independencia (El Periódico 21-7-2015).
A mi entender, la tan anunciada pero no desvelada respuesta jurídica del Presidente Rajoy consistirá en impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración de secesión del Parlament salido del 27-S (suspendiéndolo cautelarmente), derogando la Generalitat y nombrando al delegado del Gobierno en Cataluña como la máxima autoridad civil. Más aún, la Fiscalía estatal podría imputar a Mas por presunto incumplimiento en sus funciones como President de la Generalitat, convirtiéndolo para la ciudadanía catalana en mártir político del centralismo y, me temo, eso implicaría una revuelta social donde se podría recurrir a las Fuerzas Armadas para recuperar el orden. ¿Se imaginan al Ejército "liberando" Barcelona, como pasó el 26 de enero de 1.939?
Tal supuesto sería el peor escenario imaginable pero, teóricamente, es posible. Para evitarlo, parece imperativo que el Jefe del Estado intervenga como mediador del conflicto y que tanto Rajoy como Mas sean sustituidos en las urnas por otros interlocutores que logren una solución política pactada (pero no judicial) para recuperar la armonía mutua entre Cataluña y el resto de España, sin acritud residual.
