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Abogada

Una legislatura poco afortunada en materia judicial

Muchas reformas, pero pocas soluciones para problemas reales

Se acerca el final de una legislatura en la que la Administración de Justicia ha sido protagonista en exceso, si atendemos al poco acierto de las medidas adoptadas, que poco o nada han servido para dotar de eficacia y rigurosidad a nuestro tercer poder, el menos mimado desde la promulgación de la Constitución. En lugar de asumir que la separación de poderes y por tanto, la consolidación y defensa de un Estado democrático requieren de un sistema judicial sólido y efectivo, nuestros gobernantes insisten en dejar de lado la protección y desarrollo de una Administración, la de Justicia, que probablemente requiera un verdadero pacto de Estado que la mantenga al margen de injerencias políticas, y que consolide un sistema legal y procesal estable e independiente de los cambios que las urnas arrojen. Imaginémonos en qué otro Estado de nuestro entorno europeo, en los que también los políticos han tenido que rendir cuentas ante la Justicia, iban a divulgarse informaciones que insinúen una utilización política de los Tribunales, como a las que estos días estamos asistiendo a propósito de las ocurrencias, acertadas o no, del señor Mas. O en qué otro país europeo los jueces que investigan una causa acaben condenados e inhabilitados por errores cometidos durante la instrucción de dichas causas mucho antes de que éstas lleguen a la fase de enjuiciamiento. En los últimos cuatro años hemos asistido a la entrada en vigor y posterior derogación de la ley de tasas, a diferentes propuestas normativas sobre los Registros Públicos, a reformas parciales en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero ni una sola de esas normas ha afrontado el principal problema de nuestra justicia: la escasez de medios tanto humanos como materiales. Atiéndase a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que además de cambiar la denominación de imputados por encausados -por aquello del desprestigio social, parece ser que ostentar la condición de "encausado" durante años y años no estará tan mal visto- limita los plazos de la instrucción, como medida para combatir la eterna lentitud de los procedimientos judiciales, plazos, a los que Jueces y Fiscales tienen que enfrentarse con los mismos medios con los que cuentan ahora, pero asumiendo además la labor de evaluar los procedimientos actualmente en curso, porque dicha norma tiene carácter retroactivo. Y como el que hace la ley hace la trampa, la propia reforma incluye que cuando la investigación lo justifique, podrá obviarse el cumplimiento de dichos plazos. Parece, en definitiva, que todas estas reformas suponen mucho ruido y pocas nueces. Lo que ocurre es que nuestra justicia no es, o no debería ser, una comedia shakesperiana.

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